El debate está servido. Tras los exámenes de septiembre, 1.400 estudiantes de la Universidad de Sevilla tendrán que devolver la beca (excepto lo correspondiente a la matrícula) al Ministerio de Hacienda al no haber aprobado la mitad del curso pasado. Este requisito era nuevo, uno más de los diseñados por el ministerio de José Ignacio Wert para endurecer el reparto de las ayudas al estudio. Antes de la repesca, eran 5.000 los estudiantes amenazados, tal y como publicó este periódico en el mes de agosto. La situación preocupaba tanto en el Rectorado que el Vicerrectorado de Estudiantes remitió una carta a los 5.000 alumnos recordándoles la espada de Damocles que pesaba sobre ellos. El aviso ha surtido efecto porque, aunque 1.400 tendrán que devolver la beca y la economía familiar anda hecha trizas desde hace ya más de cuatro años, el número de devoluciones es menor que el curso pasado: 2.107 estudiantes, un 14,3%, según los datos facilitados ayer por el Vicerrectorado de Estudiantes que dirige Julia de la Fuente al claustro.
Wert y sus afines tienen munición, y de la buena, para defender su política de recortes en el capítulo de becas. En rigor, los datos son una mezcla de múltiples factores: más esfuerzo, más miedo a perder la ayuda y ¿más comprensión por parte de los profesores? Esto último es imposible de demostrar (si un profesor aprueba a sabiendas de que no es justo estaría bordeando, cuando no pisando, la prevaricación), pero este periódico ha sondeado en las últimas semanas a varias decenas de profesores y todos coinciden en algo: las presiones por parte de los alumnos han sido más fuertes que nunca. Ha habido un dilema moral que, en la mayoría de los casos, se ha abordado sin traspasar una línea roja: no se puede aprobar a nadie que no tenga un mínimo.
¿Qué deberán hacer los alumnos becados que no hayan aprobado el 50% del curso? Devolver la ayuda con la amenaza de embargo en caso de que no lo hagan.
El informe presentado por De la Fuente evidencia que el estudiante becario es más aplicado que el que no lo es. De hecho, en el grupo de los alumnos no becarios, el porcentaje de los que no aprueban el 50% del curso asciende al 31,1% frente al 9,9% de los becados. Entre los que no aprueban nada, también son más lo no becados que los becados (10,3% frente al 2,2%, respectivamente).
Pero volvamos al claustro de la Universidad de Sevilla. El rector Antonio Ramírez de Arellano volvió a insistir en que el pago fraccionado en tres veces sólo será posible en el caso de que el estudiante cumpla los requisitos económicos del régimen general de becas en su umbral máximo y no sea beneficiario de dichas becas, tal y como recordó el Rectorado en una nota difundida el pasado 26 de septiembre. Pero como hasta finales de febrero o principios de marzo no se conocerá la resolución final de la convocatoria de becas, la Universidad no fijará hasta entonces los criterios a seguir por los estudiantes. En resumen: el pago de la matrícula se ha mantenido como otros cursos (en un plazo o en dos con cuantías iguales) pese a que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla solicitó formalmente a la Junta que permitiera cuatro plazos siempre y cuando solventara antes los graves problemas de tesorería.
En el capítulo correspondiente al profesorado, Ramírez de Arellano denunció por enésima vez el desmantelamiento progresivo de los recursos humanos. Se lamentó en voz alta de la paralización desde 2012 de la convocatoria de empleo público y la imposición de la tasa de reposición del 10% sólo para el personal funcionario (del cero en el caso del personal laboral). Desde entonces, hay 272 profesores con la acreditación necesaria para promocionar pero que no pueden hacerlo. Ramírez de Arellano recordó que su gobierno ha intentado minimizar el impacto de una normativa con la que está en profundo desacuerdo
