El juzgado de lo contencioso-administrativo número siete de Sevilla condenó a la Consejería de Educación a pagar 6.010,12 euros a los padres de un menor cuyo nombre fue publicado en el Boletín Oficial (BOJA), en octubre de 2008, en una resolución relativa a las declaraciones de objeción de conciencia formuladas a la asignatura Educación para la Ciudadanía.
La jueza entiende que "hubiera sido suficiente con identificar a las personas reclamantes, los padres del menor objetor, y a éste "con iniciales" pero la publicación de su nombre y apellidos "plantea dudas sobre la posibilidad de lesionar el derecho a la intimidad de las personas afectadas", según adelantó el viernes a ABC el abogado de los padres, Carlos Seco.
Los hechos se produjeron con Teresa Jiménez al frente de la Consejería de Educación y provocaron el cese del responsable de su departamento encargado de redactar la resolución. Contra este fallo juidicial no cabe recurso.
