La Policía Nacional ha desarticulado la mayor red de España dedicada al tráfico de mujeres rusas para su explotación sexual. En la operación han sido detenidas a 76 personas pertenecientes a la red -que había logrado recaudar dos millones de euros y que actuaba en Almería, Granada, Lérida y Gerona- y a otras 400 por estancia irregular en España, casi todas mujeres.
La operación, denominada Zarpa, comenzó en noviembre de 2006. La Policía le imputa a los detenidos diversos delitos relacionados con la trata de mujeres y su explotación sexual. Éstas eran capturadas y enviadas tanto a España como a otros países de la Unión Europea. Otras 53 personas han sido imputadas en Rusia como miembros de esta organización criminal cuya única finalidad era el lucro obtenido con la trata de mujeres desde Rusia para su posterior explotación sexual, informó ayer el Ministerio del Interior en un comunicado.
Desde el año 2006, la organización habría recaudado más de dos millones de euros, cantidad que presuntamente remitía a Rusia a través de "testaferros u hombres de paja", según la nota, para gestionar y dar apariencia de legalidad a la actividad ilícita que desarrollaba en numerosos locales de alterne, entre ellos tres en El Ejido y otro en Roquetas de Mar, en Almería.
Según informó el Ministerio del Interior, las mujeres eran retenidas en pisos patera, donde los explotadores acoplaban la máxima cantidad de camas para poder albergar al mayor número de mujeres.
Los agentes llegaron a contabilizar hasta trece camas en viviendas de tres dormitorios. Las mujeres estaban retenidas y debían respetar estrictas normas bajo la amenaza de castigos económicos.
dueños de clubes de alterne. Según determinó la Unidad contra Redes de Inmigración ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, la red criminal de explotación de mujeres rusas estaba compuesta por parejas sentimentales o matrimonios hispano-rusos, propietarios o explotadores de los locales de alterne.
En la mayoría de los casos, mientras el hombre gestionaba el local de alterne, su pareja se encargaba de contactar con los traficantes y controlar a las mujeres explotadas sexualmente.
Como norma general, el pago por cada víctima se realizaba mediante envíos monetarios a Rusia, nunca superior a 3.000 euros para evitar ser fiscalizados por las autoridades monetarias rusas o españolas.
