Tradición de convivencia en el entorno familiar y de cuidados en éste, una importante población que vive en el medio rural donde no siempre hay centros adecuados, la prevalencia de la vivienda en propiedad... son algunos de los factores esgrimidos desde la aprobación de la Ley de Dependencia para explicar por qué una prestación inicialmente concebida como extraordinaria, las ayudas económicas vinculadas a los cuidados familiares, se han convertido desde el principio en las más habituales, pese a los esfuerzos por primar los servicios. En la provincia de Sevilla hay unos 30.000 dependientes con el derecho reconocido y de las 50.000 prestaciones que ya se dan (un mismo beneficiario puede tener varias ya que, por ejemplo, la teleasistencia es compatible con todas las demás), más del 41% son ayudas económicas vinculadas a cuidados familiares.
Las hijas, e incluso nueras -en femenino porque nueve de cada diez cuidadores familiares son mujeres- ya se hacían cargo de sus parientes dependientes antes de que se aprobara la ley, pero el Gobierno socialista incluyó en ésta un convenio especial para darles de alta en la Seguridad Social y que cotizaran por esta labor, ya que muchas se veían obligadas a dejar de trabajar para cuidar a sus familiares. El Estado asumía el pago de su cuota de afiliación, unos 165 euros mensuales de media, pero llegó la crisis y los recortes y el Ejecutivo del PP reformó el pasado verano la ley y suprimió este convenio, de forma que las cuidadoras que quieran seguir cotizando -será voluntario- tendrán que pagarse ellas la cuota a la Seguridad Social.
La reforma se ha aplicado de manera gradual. El convenio se extinguió el 31 de agosto pero hasta noviembre, aquellos cuidadores que decidieron prorrogar su alta en la Seguridad Social pagaban un 85% de la cuota y el Estado seguía pagando el 15% restante (en realidad un 5% porque el otro 10% se deducía). Desde el 1 de noviembre deben asumir el total de la cuota o darse de baja en el sistema y pasar a engrosar las listas del paro. En esa situación se encuentran 8.648 sevillanas, ya que las últimas estadísticas oficiales de cuidadores no profesionales acogidos al convenio especial por provincias son del 1 de noviembre, si bien el Gobierno central atribuyó parte de la subida del paro el mes pasado a la incorporación de 38.000 cuidadoras que han optado por no seguir cotizando al tener que pagarse ellas la Seguridad Social.
Y es que la cuota de afiliación supone un gasto importante teniendo en cuenta que la prestación económica vinculada a cuidados familiares que reciben los dependientes también ha sufrido un recorte del 15% en la reforma de la ley aprobada en verano por el Ejecutivo de Rajoy, que además suprimió la diferenciación por niveles dentro de cada grado de dependencia y pospuso el acceso al derecho a una prestación de los dependientes moderados, los últimos que debían incorporarse al sistema.
Así, aquellos beneficiarios a los que se les haya reconocido después del 1 de agosto el derecho a una prestación según su Plan Integral de Atención (PIA) -que determina su nivel de autonomía personal y la atención que necesita- y opten por una prestación económica vinculada a los cuidados familiares reciben una ayuda máxima (en función de su pensión y patrimonio) de 153 euros al mes en el caso de los dependientes de grado 1 (los más leves), 268,79 euros para los de grado 2 (antes según su nivel oscilaba entre 255,77 y 286,66 euros) y 387,64 euros para los dependientes más graves de grado 3 (antes oscilaba según su nivel entre 354,43 y 442,49 euros). Los dependientes con la prestación reconocida antes del 1 de agosto siguen cobrando esas cantidades hasta que se revisen las cuantías para 2013 como cada año.
