La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un matrimonio a 3,5 años de prisión por ofertar 82 pisos y locales como representantes de una supuesta entidad financiera o inmobiliaria, a precios muy inferiores a los de mercado de los que afirmaban que estaban embargados o incluidos en procesos judiciales.
Los hechos sucedieron entre los años 2003 y 2006, cuando el primero de los acusados ofertaba los inmuebles, a través de una lista de disponibles, a los supuestos compradores, con los que firmaba un contrato de opción de compra y les solicitaba, en concepto de reserva, una cantidad que en principio era de 1.803 euros y que luego se elevó hasta los 3.000 euros.
Según ve probado en la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, el acusado establecía como fecha de entrega del inmueble un año o más desde la firma del contrato. Durante la fechas, los supuestos compradores no denunciaron en ninguno de los casos y eran convencidos para suscribir contratos de renovación con fechas más tardías, alegando el acusado demoras de la Administración de Justicia.
La esposa del acusado, asegura la sentencia, estaba al corriente de las actividades delictivas de su marido y disfrutaba de los beneficios que éstas le proporcionaban.
Los estafados transferían las cantidades en concepto de reserva de piso a una cuenta bancaria a nombre de una menor, hija del matrimonio acusado. Luego, el acusado transfería -hasta un total de 153.000 euros- de la cuenta bancaria de su hija menor, hasta la suya, siempre cantidades inferiores a 3.000 euros para evitar la fiscalización de las operaciones bancarias.
