Manuel Ruiz de Lopera tiene causas abiertas en muy diversos frentes, por la vía penal y la civil. En uno de ellos se le acusa ante el Juzgado de lo Mercantil de que el 30 de junio de 1992 no desembolsó gran parte de las acciones con las que luego ejerció el control del club, según consta en un dictamen pericial encargado por un grupo de accionistas que reclama que le sean retiradas esas acciones, que, en su opinión, fueron abonadas con dinero del Betis. Aparte de las 36.800 discutidas en la instrución realizada por la juez Alaya (las provenientes de un crédito suscirto con las Cajas de Ahorro y las que le 'vendieron' José León y Manuel Morales), existen otras 11.000 que supuestamente fueron abonadas con pagarés del propio Betis. Así, pues, 48.000 de sus 61.000 acciones están cuestionadas. Los béticos, en 1992, tuvieron que suscribir 117.000 acciones (a 10.000 pesetas cada una).
