La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión a un funcionario de Vigilancia Aduanera por colaborar con un grupo de narcotraficantes afincados en El Puerto de Santa María. El fallo le inhabilita para empleo o cargo público durante seis años y le obliga a pagar una multa de setecientos mil euros.
Estas penas se sustentan en un delito contra la salud pública, que también se le atribuye a otros tres imputados en el caso, quienes deberán cumplir penas de prisión. La más alta, otros cuatro años y tres meses, le corresponde al hombre que lideraba las operaciones bajo las órdenes de un prisionero del recinto penitenciario de León, que estaba encarcelado por otro asunto de tráfico de drogas.
Los hechos se remontan al año 2000 cuando esta persona se desplazó, junto a otros miembros de la banda, desde Galicia a la provincia de Cádiz, donde pretendían introducir los estupefacientes en el país. En la investigación de la propia Vigilancia Aduanera fue pinchado su teléfono y precisamente mediante esas conversaciones se descubrió que uno de sus agentes estaba implicado en esta organización "con infraestructura propia compuesta de medios materiales, económicos y personales".
Este funcionario participaba de forma directa en los planes de esta red hasta el punto de encargase de gestionar la reparación de la lancha que partió de Sotogrande a Marruecos, de donde regresó con 1.600 kilos de hachís que fueron incautados en la desembocadura del río Guadalquivir.
