La Asociación en Defensa del Patrimonio Histórico Andaluz (Adepa) va a empezar a jugar duro. El presidente de esta entidad, Joaquín Egea, amenazó ayer al Ayuntamiento de Sevilla y la Junta con pedir judicialmente el derribo del Metropol Parasol de la Encarnación, perseguir por la vía penal por prevaricación y no sólo por lo civil como hasta ahora a los gestores públicos responsables de autorizar obras que incumplan las leyes de Patrimonio, y con volver a reactivar todas las causas relacionadas con proyectos urbanísticos que quedaron en los tribunales pendientes de un posible recurso.
Para que esta asociación no recrudezca la estrategia que ha mantenido hasta ahora, exige al Consistorio que rehaga el Plan General e Ordenación Urbana (PGOU) en varios aspectos y, concretamente, que vuelva a redactar los planes especiales de los cuatro sectores del conjunto histórico de la ciudad: Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación-Magdalena y La Calzada-Fábrica de Artillería. Esto último llevaría como mínimo un año, según estimó Egea, quien aclaró que en ese periodo no se podrían ejecutar obras que afectaran al paisaje urbano en estas zonas.
Adepa entiende que estaría facultada para iniciar esta guerra judicial contra el Ayuntamiento y en parte contra los responsables de la comisión provincial de patrimonio después de la sentencia del Supremo que ratifica un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anulaba 12 artículos del PGOU sobre estos cuatro sectores, lo que implicaría a su juicio la invalidez de los planes especiales elaborados precisamente para ellos.
Y es que aquella sentencia inicial señalaba que la falta de planes especiales impedía ejecutar obras en aquellas zonas, por lo que la administración local el anterior equipo de gobierno municipal se limitó a elaborar dos de esos planes, entendiendo que así sorteaba el auto judicial y podía construir, por ejemplo, las setas.
Adepa quiere un cambio institucional en el tratamiento del casco histórico y que se termine de una vez la discrecionalidad que en su opinión se ha aplicado hasta ahora en la concesión de excepcionalidades. Egea pide que si la ley prohíbe que a un edificio protegido se le pueda añadir una planta, esto se cumpla sin las excepciones que se daban hasta ahora, que a su juicio dependían de quién lo pidiera. Advirtió además a los políticos de que aunque quizá no todos los jueces admitan una querella criminal contra ellos, con que uno le meta mano, con esta sentencia ganaremos. Por último, criticó duramente al alcalde, Juan Ignacio Zoido, porque en la oposición les atendía y ahora no les recibe ni responde a sus cartas.
