Como muchas otras conductas humanas, parece darse por hecho que el impulso a cometer delitos, o por lo menos los delitos con motivación económica, también está ligado estadísticamente a la existencia de desigualdades sociales, en el sentido de que a mayor desigualdad mayores son las tasas de delincuencia registradas. Ahora bien, una explicación como esta es tan abarcadora que se queda a pocos pasos de ser una perogrullada. Hay mucha tela que cortar aquí; por de pronto basta con fijarse en que la delincuencia no es toda una. En todo caso, sí es cierto que aquella caracterizada por el empleo de la violencia física directa crece con la diferencia en los niveles de bienestar económico, y es la que genera mayores niveles de inseguridad ciudadana a distancia de los delitos de cuello blanco.
Pero hay mucho más. La Economía suele ofrecer las siguientes explicaciones de la conexión crimen-desigualdad. Primero, cuanto mayor sea ésta mayor será el beneficio potencial de enriquecerse, por cualquier vía. Segundo, aquellos que disponen de salarios bajos tienen menos incentivos para mantener su empleo legal a medida que crece la dispersión salarial. Por último, la desigualdad deslegitima a la sociedad en su conjunto más cuanto más arbitraria o poco justificada se considera, y así puede rebajar el umbral de honestidad de la gente.
En cualquier caso, parece claro que no hay conclusiones tajantes en relación con estos temas. Una constatación de este tipo es la que se deriva del reciente trabajo bajo la dirección del profesor Muñoz de Bustillo, al menos en el repaso de la literatura. Cuando aborda la relación entre desigualdad y tasa de delincuencia en España, nos topamos con resultados curiosos en su análisis descriptivo.
La serie temporal muestra que en nuestro país el gran salto en los niveles de delincuencia se produce en la década de los ochenta, conservándose hoy día unas tasas similares. A partir de aquí, surgen dos reflexiones: primero, que este incremento, registrado por cierto en el resto de países occidentales alrededor de las mismas fechas, ha venido para quedarse, no pudiéndose observar indicios de una vuelta a los niveles de mediados de los setenta. Lo segundo es que, toda vez que la inmigración no se convierte en un fenómeno masivo hasta los primeros años de este siglo, no cabe atribuir a ésta ningún tipo de escalada en la criminalidad. Ya sé que esto se hace duro al oído por lo mucho que ha arraigado el mito de la conexión entre inmigración y delincuencia, y que en Italia mismo se está materializando en una irónica (por decirlo suavemente) cruzada contra el crimen.
Los autores del estudio, por último, muestran tristeza por la inexistencia de estadísticas solventes sobre el estado y evolución de la distribución personal de la renta en España que les hubieran permitido afinar mejor sus conclusiones. A uno se le ocurre que este déficit de datos podría muy bien haberse corregido si parte de los esfuerzos empleados en los análisis de las balanzas fiscales, cuya utilidad social hemos puesto reiteradamente en entredicho, se hubiesen encaminado a ofrecer un diagnóstico de los efectos redistributivos, a nivel de los hogares, del conjunto de las políticas públicas.
Catedrático de Hacienda Pública
jsanchezm@uma.es
