Eso es lo que de seguro dicen los padres ahora que ha culminado la incorporación de los hijos a las guarderías, colegios e institutos. Al fin solos, después del largo verano en el que la organización familiar se ha visto trastocada con la presencia de las niñas y los niños en la casa. No ha sido fácil ubicarlos en las aulas: primero fueron los pequeños, cuya incorporación fue progresiva, obligando a las madres, más que a los padres, a asistir con ellos a la guardería y a recogerlos a distintos horarios hasta acomodarlos definitivamente en los centros; después, los niñas y niños de colegio, que repitieron el mismo rito, para terminar con los que ingresaron a los institutos. Y tras este proceso nos envuelve una sensación de tranquilidad, la que produce el habernos liberado de una responsabilidad que le trasladamos con alivio al sistema educativo. Este es el meollo de la cuestión: que al tan traído sistema educativo le descargamos gran parte de los problemas que genera la educación de los hijos, y al que le exigimos, además, resultados evidentes.
En efecto, en los últimos tiempos se ha ido distorsionando el significado de formación hasta identificarlo con el de educación. Y así, cualquier problema que se presenta respecto de esta última se lleva inmediatamente a los profesores/ras en forma de asignatura o como materia trasversal que abarca todas las disciplinas. Si existe violencia en los adolescentes y jóvenes, inmediatamente se pide a los docentes que eduquen en este aspecto; si el planeta va a no se sabe dónde, hay que concienciar a los jóvenes en el cuidado medioambiental; si la violencia de género es un drama que provoca el machismo, la perspectiva de género tiene que estar presente en todas las enseñanzas; también la educación vial para que haya menos accidentes... y así podríamos seguir con cuanto problema surge en la sociedad.
El proceso descrito enriquece sin duda los conocimientos que deben adquirir los que en el futuro dirigirán este país, y a ello no hay nada que objetar. El problema es otro. Concretamente, en que se traslada al sistema educativo la responsabilidad en exclusiva de resolver los asuntos de los hijos, y así los padres y las madres, el conjunto de la sociedad, se desentienden de ellos. Por eso los profesores empeñados en una educación para la paz compiten con las horas que los niños y adolescentes, en la soledad de su casa, le dedican a los programas de televisión, a los juegos y comics en los que el número de muertos, heridos y violentados con todo tipo de armas, da escalofríos. Las preocupaciones sobre el cambio climático chocan frontalmente con el gusto por la moto de gran cilindrada o el todoterreno que más contamina. La perspectiva de género se desvanece ante el injusto reparto de funciones domésticas que lleva a las madres a la esquizofrenia de tener que compatibilizar lo incompatible, el trabajo fuera de casa, en el hogar, y el traslado a los hijos a cuanta actividad extraescolar existe: judo, pintura, idiomas...
Y a todo ello hay que sumar la utilización de la enseñanza para la confrontación política como está ocurriendo con la asignatura de educación para la ciudadanía en las Comunidades de Madrid y Valencia. Y si todo lo dicho fuera poco, anualmente cae el Informe PISA que añade nuevos retos a unos docentes que no pueden abarcarlo todo. Al fin y al cabo estudiaron para formar en unos conocimientos y no para educar en solitario a unos hijos que no son suyos, y a unos ciudadanos cuya responsabilidad corresponde a la sociedad en su conjunto.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide
