La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha rechazado el archivo de la causa solicitado por el exparlamentario andaluz del PSOE y exasesor de la Dirección General de Trabajo Ramón Díaz, pues, entre otros aspectos, "indiciariamente tendría un papel activo en la inclusión de intrusos en diversos expedientes de ayudas sociolaborales". En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada rechaza igualmente las peticiones de sobreseimiento parcial realizadas por las defensas de otros seis imputados, entre ellos el exdirector general de IDEA Antonio Valverde; el exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT Manuel Morales Larrubia, o el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) Ramón Polo. Asimismo, mantiene la imputación de Cristina Ruiz Castillo, que fuera gerente de Promi; de María José Marcos, esposa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, y de Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y supuestamente asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa S.A. pese a no formar parte de su plantilla. En el mismo auto, consultado por Europa Press, la instructora archiva la causa respecto al letrado del bufete Estudios Jurídicos Villasís Daniel Gutiérrez Montaña y al empresario José Joaquín Barneto, a los que cita como testigos este próximo miércoles, ya que "después de un estudio exhaustivo" de las actuaciones "no existen indicios suficientes que justifiquen el mantenimiento" de sus imputaciones. Tras estos dos archivos, en la causa hay 219 imputados. En relación a Ramón Díaz, al que tomó declaración el 11 de octubre de 2013 por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, la juez recuerda que comenzó a prestar sus servicios en la Dirección General de Trabajo en junio de 2005 "de la mano" del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández, permaneciendo en el cargo hasta noviembre de 2009.
