La juez instructora de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado hoy haber causado un déficit de 131 millones de euros al ex secretario general de Hacienda andaluz Antonio Estepa Jiménez, quien ha reconocido que con una fiscalización previa se habría evitado. Estepa, que se encuentra entre los 20 altos cargos de la Junta imputados en junio pasado junto a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, que lo nombró, ha sido acusado de presuntos delitos de prevaricación y malversación. Abogados personados en la causa han informado a los periodistas durante un receso de que el imputado ha defendido que las llamadas transferencias de financiación eran legales y fueron aprobadas por el Parlamento, y ha negado que se utilizara intencionadamente una terminología opaca ya que "todos los parlamentarios conocen el lenguaje presupuestario". El imputado ha asegurado que los responsables de la Consejería de Hacienda no se plantearon cambiar el sistema porque creían que era adecuado.
