Más de ocho millones en fianzas reclamó en total ayer la
Fiscalía Anticorrupción de dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía imputados por las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Los dos han sido secretarios generales de la Consejería de Empleo,
Javier Aguado y Lourdes Medina, a quienes Alaya imputó malversación y prevaricación, además del delito de omisión del deber de perseguir delitos en el caso de Medina.
En concreto, el Ministerio Público solicitó 4,6 millones de euros como
fianza civil a Javier Aguado, cantidad que supone el 20% de los 17 millones de euros que el fiscal considera que
se otorgaron en ayudas durante su etapa en Empleo, de 2004 a 2008, más el tercio legal. En el caso de Medina, que sucedió al anterior en el cargo hasta 2012, Anticorrupción reclamó 4,1 millones de euros por modificaciones presupuestarias que ha cifrado en 15 millones. El sindicato Manos Limpias se adhirió a ambas peticiones, mientras que la Junta no solicitó medida cautelar alguna y el PP lo dejó a criterio de la jueza.
El primero en entrar a declarar fue Aguado, que se acogió a su derecho a no contestar las preguntas, tras conocer que está imputado por malversación y prevaricación. La que sí declaró fue Lourdes Medina, que estuvo más de seis horas contestando a las preguntas de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
El interrogatorio finalizó cerca de las 20.00 horas y según fuentes consultadas se convirtió en un debate muy técnico entre la imputada y la jueza, que la interrumpió en varias ocasiones para reconducir sus respuestas. Aguado, que está imputada por prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos, le dijo a la magistrada que nadie le advirtió de la ilegalidad del procedimiento y que incluso en alguna ocasión el Parlamento llegó a debatir las transferencias para el pago de las ayudas sociolaborales.
Estos dos exaltos cargos fueron imputado en junio, junto a otros 18 cargos o exaltos cargos de la Junta entre ellos la exconsejera de Economía
Magdalena Álvarez por haber mantenido el sistema de transferencias de financiación para el pago de subvenciones. Las declaraciones continúan mañana con tres abogados implicados, mientras que la semana que vienen lo harán los 8 imputados recientemente por el ERE del Hotel Cervantes en Torremolinos.
