El último auto de la jueza que instruye el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) solicita al Gobierno andaluz que aporte las certificaciones de tres acuerdos del Consejo de Gobierno que, "salvo error", no fueron publicados en el BOJA, uno de ellos referido a una modificación presupuestaria. La jueza Mercedes Alaya pregunta por qué aparentemente se aprobaron ampliaciones de capital sin el control oportuno y sin darle publicidad.
La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, explicó ayer que todas las modificaciones presupuestarias que se han realizado en la partida 31L (destinada a pagar los ERE), cuentan con los controles de la Intervención General. La consejera explicó que la cuestión que está detrás del fraude de los ERE es el "mal uso" que se ha hecho de esas partidas, "no la falta de fiscalización de las mismas".
En cuanto al hecho de que la juez se refiera también en el auto al caso del que fuera secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de Camas, José Antonio García Prieto, imputado en esta causa, y pida a la Guardia Civil que "investigue la operación relativa al local del PSOE en la localidad de Camas y cedido por García Prieto, así como la concesión de préstamos personales para la presunta financiación de campañas electorales", Moreno dejó claro que si cualquier responsable público o del PSOE "está implicado en un fraude, lo que queremos, como es natural, asuma su responsabilidad".
Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO se mostraron también "tranquilos" ante ela uto de Alaya, que también ha pedido a la Guardia Civil investigar "la intervención de los sindicatos en los procesos de negociación colectiva" relacionados con la supuesta "trama" de los ERE. El secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, lo calificó de "barbaridades" y lo atribuyó al "desconocimiento" de cómo se gestionan estas ayudas.
