La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha requerido a la Junta de Andalucía para que "a la mayor brevedad posible" recabe y entregue a la Guardia Civil toda la documentación relacionada con las distintas "ayudas, incentivos, avales y préstamos" concedidos "por cualquiera" de las consejerías a más de 20 sociedades, todo ello al entender que podrían haberse empleado "otras vías de financiación irregular a empresas coincidentes con las otras vías de financiación ya investigadas en la presente causa".
En un auto notificado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada enmarca esta decisión en la investigación que la Guardia Civil está llevando a cabo sobre la actuación concreta del IFA/IDEA, organismo que "colaboró con distintas consejerías en el pago de ayudas por distintos conceptos, tramitadas con falta de procedimiento, haciendo uso de fondos que había recibido anteriormente de las distintas consejerías vía transferencia de financiación".
La juez recuerda que la Intervención General de la Junta "ha puesto de manifiesto" a través de sus informes "diversas irregularidades en la tramitación de las ayudas por parte de las consejerías, y en la actuación, gestión y control de IFA/IDEA, que podrían haber supuesto importantes consecuencias que están siendo investigadas", unas irregularidades "apuntadas asimismo" por el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Asimismo, y tras analizar las actas del Consejo Rector de IFA/IDEA, la Guardia Civil apuntó que el citado Consejo adoptó entre 2001 y 2011 "cuantiosos" acuerdos relativos al "otorgamiento de autorización a la agencia IFA/IDEA para la concesión de ayudas excepcionales", de reestructuración y/o de salvamento, así como de incentivos, aplicando para ello diferentes "instrumentos de apoyo" tales como préstamos, garantías de préstamos y/o avales ante entidades financieras o de crédito.
Todos ellos fueron recogidos, entre otras, en la Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 5 de noviembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a empresas viables con dificultades coyunturales en Andalucía, "lo que podría suponer un aumento del endeudamiento de la agencia IDEA".
Para tomar su decisión, la juez tiene en cuenta "todo lo apuntado por la Guardia Civil" y que empresas "que han sido beneficiarias de ayudas públicas, sociolaborales o a empresas, figuran también entre las beneficiarias de ayudas públicas de salvamento o reestructuración concedidas por IDEA en virtud de la delegación de competencias recogida en el artículo 7" de la orden referida, así como que "se han detectado casos en los que simultáneamente a la autorización por parte del Consejo Rector del pago en ejecución de un aval de salvamento previamente otorgado por éste ante una entidad de crédito a favor de una serie de sociedades, se encontraban en proceso de resolución la concesión de ayudas de reestructuración a favor de estas mismas sociedades".
"INYECCION CONTINUADA Y SISTEMATICA DE FONDOS PUBLICOS" A su juicio, esto último "podría considerarse como una inyección continuada y sistemática de fondos públicos", por lo que "deberá investigarse si estas concesiones estaban basadas en la presunta aplicación de criterios arbitrarios como quedó de manifiesto" en el informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo.
En este sentido, "y teniendo en cuenta que el cargo de presidente de IDEA recayó en los diferentes titulares de las consejerías a las que estuvo adscrita y la vicepresidencia en sus respectivos viceconsejeros, la forma de aplicación de estos instrumentos recogidos en la antedicha orden por parte de IDEA podría ser indiciaria de la utilización de otras vías de financiación irregular a empresas coincidentes con las otras vías de financiación ya investigadas en la presente causa".
Por todo ello, la juez requiere a la Junta para que, "a la mayor brevedad posible", recabe y entregue a la Guardia Civil toda la documentación relacionada con los distintos avales y préstamos concedidos "por cualquiera de las consejerías" a una serie de sociedades.
La juez reclama, en este sentido, cualquier documentación relacionada con su solicitud, tramitación, análisis, control de las justificaciones, pagos, revocaciones y reintegros; operaciones de pago ejecutadas en virtud de los avales otorgados por IDEA, y, en su caso, otras operaciones de préstamos o aval otorgadas por la agencia a favor de estas sociedades y los reintegros efectuados por las mismas.
EXPEDIENTES DE AYUDA También requiere a la Junta para que entregue a la Junta la documentación sobre los distintos expedientes de ayuda concedidas "por cualquiera" de las consejerías a una serie de empresas.
Entre las sociedades mencionadas por la juez, se encuentran Promi, Gitanos de Jerez, Pickman La Cartuja, Fundiciones Caetano, Fabricación y Reparación de Buses, Río Tinto Fruit, Acyco Sal, Corchos y Tapones de Andalucía, Saldauto Sevilla, o Insersola. Por último, reclama a la Junta la documentación relacionada con las distintas ayudas, incentivos, avales y préstamos concedidos "por cualquiera" de las consejerías a Proasego Eólicas S.L., Eólicas del Zenete S.L. y Dolmen Consulting Inmobiliario.
La juez argumenta esta decisión en que la Guardia Civil ha emitido un oficio en el que relata la existencia de una serie de correos electrónicos hallados en un disco duro intervenido en el domicilio social de Maginae Solutions a través de los cuales "han podido confirmar la vinculación existente" entre Proasego y Eólicas del Zenete, "ambas beneficiarias de ayudas públicas", y el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, "quien presuntamente pudiera haber participado activa y directamente en la solicitud y tramitación de las ayudas públicas a favor de las citadas sociedades".
Del mismo modo, la Guardia Civil "ha detectado" que Dolmen Consulting, también beneficiaria de ayudas públicas, "a su vez habría mantenido operaciones comerciales, pagos, con el despacho de abogados Estudio Jurídicos Villasís, por un importe total de 100.575,34 euros, en el periodo de tiempo comprendido entre 2008 y 2010".
