La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha ordenado ampliar la pericial de la Intervención General del Estado para que se investigue y determine qué pudo haber hecho la Cámara de Cuentas para poner de manifiesto las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de ayudas sociolaborales. En un auto notificado hoy, al que ha tenido acceso Efe, Alaya reclama que se investigue qué podría haber hecho la Cámara de Cuentas para "en definitiva, evitar la continuidad del Programa 31L a través de las transferencias de financiación a IFA/IDEA".
Para "determinar la intervención que pudiera haber tenido la Cámara de Cuentas en el mantenimiento a lo largo del tiempo" de estas ayudas, requiere a la Intervención General de la Junta, a través de su gabinete jurídico, en un plazo no superior a cinco días, que aporte los mismos documentos que entregó a la Cámara de Cuentas de la cuenta general desde 2000 a 2010 de IFA/IDEA, Consejería de Empleo, "todo ello referido al programa 31L", del que salían los fondos para las ayudas sociolaborales.
Asimismo, a la Consejería de Hacienda requiere que remita los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31L de la Consejería de Empleo que remitieron a la Cámara de Cuentas.
Alaya también requiere a la Cámara de Cuentas que "con la misma urgencia y en igual plazo" aporte los documentos y anexos que recibió de la Intervención General en ese periodo de tiempo sobre la cuenta general y los expedientes de modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo que recibió relativos al programa 31L.
La juez resalta "la importancia de la documentación requerida y de la línea de investigación abierta", motivo por el que amplía la pericial de la Intervención General del Estado a la Cámara de Cuentas.
La ratificación del informe pericial de la Intervención General del Estado, que estaba señalado para el 25 de febrero, se deja sin efecto y se fija para el 1 de abril para que se añada el informe sobre la investigación ordenada hoy.
