El Gürtel valenciano existe. Ya no son sólo unos trajes que Camps aceptó inocentemente, sino todo un entramado de financiación ilegal del que estaban al tanto los máximos dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana. Es la conclusión que se extrae de los 89 folios de informe policial que los populares se empeñan en desacreditar.
Desde el pasado febrero, cuando estalló la trama Gürtel y se produjeron las primeras detenciones -una de ellas la de Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de la red de Correa en Valencia-, para el PP la mejor defensa ha sido el ataque. Primero los populares insistieron en que nada tenían que ver con la red de corrupción, ni en Madrid ni en Valencia, que sus cargos estaban limpios hasta que se demostrase lo contrario.
Después, cuando el nombre de Francisco Camps saltó a los titulares y el presidente fue señalado por la Fiscalía Anticorrupción -dejando la rama valenciana de la trama bajo el foco de la opinión pública-, el PP pasó a la ofensiva. Casi cada semana los populares repetían el cierre de filas con actos y declaraciones. Rajoy, con Camps y Barberá en las fallas valencianas, la alcaldesa de Valencia criticando las anchoas de Revilla para defender a su presidente... El PP no sólo defendía a Camps, sino que se enorgullecía de él.
Todo ello, mientras que Garzón le imputaba junto al secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.
La discusión sobre los trajes que Orange Market -la empresa de Álvaro Pérez- pagaba supuestamente al presidente valenciano centró el debate político durante semanas. Camps estaba acusado de cohecho impropio y, junto con Costa, fue llamado a declarar como imputado. Allí estaba de nuevo la plana mayor del PP defendiendo a su president y quejándose de que su carrera estuviera en entredicho por "cuatro trajes".
Cuando, el pasado 3 de agosto, el TSJ de Valencia acordó el sobreseimiento libre de la causa abierta contra Camps, el PP tuvo lo que andaba buscando: entonar el "ya os lo dije" y restaurar la imagen pública del presidente valenciano. Inmediatamente, y una vez más, el PP pasó al ataque. "Algo tendremos que hacer ahora, porque ha habido un juicio paralelo", comenzó advirtiendo Rajoy. Y María Dolores de Cospedal, número dos del Partido Popular, acabó, tres días después, acusando al Gobierno de conspirar con la Fiscalía para espiar a los dirigentes de su partido. En ese momento comenzó a fraguarse la nueva teoría de la persecución que, según el PP, estaba sufriendo el partido de manos de las "altas instancias del Estado".
El desenlace. Pero el pasado viernes la Brigada de Blanqueo de la Policía desmontó la última táctica de ataque popular. El Mundo y El País publicaron datos de un informe policial que destapa una estrategia de financiación ilegal del partido en Valencia orquestada por sus principales dirigentes: el nombre de Ricardo Costa vuelve a la polémica, acompañado esta vez del vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos. Atrás quedaron los trajes y las imputaciones de cohecho impropio. Ahora es la Policía la que habla de negociaciones ilegales entre Costa y El Bigotes para los pagos en dinero negro de actos del partido, destapando un caso parecido a la trama Filesa que tan criticada fue a los socialistas.
Lejos de amedrentarse, una vez más el PP busca ahora la mejor defensa. "Lo de Valencia es un caso que está terminado", concluyó Mariano Rajoy en los periódicos el pasado viernes, después de leer parte del informe policial. Y es que la nueva noticia desmonta toda su argumentación -tantos meses mantenida- sobre la limpieza de las cuentas en el Partido Popular.
Los pinchazos policiales incluso apuntan a que Camps conocía lo que se estaba cociendo en el PP valenciano, si bien los populares siguen atacando al Gobierno para defenderse. Esta vez ha sido de boca del propio Costa, que el sábado, en El País, acusó a Rubalcaba de fabricar los informes contra su partido. Por ahora, los datos de este informe no serán investigados -el TSJ de Valencia se ha negado-, por lo que el PP puede seguir permitiéndose su estrategia.
