Las declaraciones del consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, en las que aseguraba que su comunidad recibirá 1.200 millones de euros anuales y un fondo adicional de otros 2.000 para los próximos tres años en el nuevo marco de financiación ha generado todo tipo de suspicacias por la creencia de que Cataluña esté negociando de forma bilateral con el Gobierno el modelo de reparto de fondos a las comunidades. Es natural que se susciten recelos, pero Andalucía debe eludir tantos debates sobre agravios comparativos y centrarse en recibir lo que le corresponde en función de los criterios aprobados en su Estatuto. El acuerdo de financiación está casi cerrado, pero pueden recrudecerse las tensiones de quienes reclaman más dinero. El Gobierno andaluz debe abstraerse ante tanto llanto de plañideras de algunos dirigentes autonómicos y dedicarse a defender sus intereses legítimos. Es lo que se le exige.
