Aunque la investigación por las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) acumula ya medio centenar de imputados, son pocos los que han desfilado hasta ahora por el despacho de la jueza Mercedes Alaya. Por eso, la Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer a la magistrada que cite "a la mayor brevedad posible" a la última tanda de imputados, entre los que se encuentra el actual director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, Daniel Alberto Rivera.
El Ministerio Público también pide ampliar la investigación sobre el chófer del exdirector general de Trabajo y principal imputado en el caso, al ser el que controlaba el denominado fondo de reptiles, Francisco Javier Guerrero, que declaró que gastó gran parte de ese dinero en cocaína para él y para su jefe. El fiscal sospecha que pudiera tener o participar en más empresas de las que han sido localizadas con las que pudo cobrar algún tipo de subvención ilegal.
En el escrito, aportado ayer al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía recuerda a la magistrada que en el auto dictado el pasado 27 de enero imputaba a un amplio número de personas (entre intrusos, abogados y altos cargos), pero sólo se citaba a declarar a Guerrero el próximo 23 de febrero. "Con el fin de avanzar en la investigación y concretar las imputaciones" -al menos en los ERE de las empresas Río Grande, Surcolor, Calderinox, Acyco y Aglomerados Morell- el fiscal solicita que "a la mayor brevedad se señale calendario de declaraciones de los mismos".
Entre estos imputados, consta Rivera, que es el primer alto cargo imputado nombrado directamente por el Gobierno de José Antonio Griñán, además de su antecesor, y sucesor de Guerrero, Juan Márquez. Ayer, fuentes de la Junta de Andalucía recordaron que ellos ya solicitaron a la jueza que agilizara las citaciones judiciales con el fin de proseguir la instrucción.
La Fiscalía, pese a que la jueza ya ha ordenado a la Guardia Civil que investigue al chófer de Guerrero, reclama "nuevas diligencias encaminadas a investigar otras empresas creadas" por éste, como por ejemplo Sapphire Empresarial, una entidad de Barcelona en la que él consta como apoderado, así como "la relación de ésta y de las restantes empresas de Juan Francisco Trujillo con otras empresas de la trama".
Por último, el Ministerio Público reclama a la Junta que entregue el expediente de la concesión acordada y no abonada a la empresa Marco de Estudios y Proyecciones Siglo XXI, una de las investigadas, al no coincidir la documentación aportada hasta ahora con la que obra en una causa abierta por esta entidad contra la Junta. Asimismo, pide que se adjunte la demanda de la aseguradora Apra Leven contra Empleo, en la que reclama más de 36 millones de euros por impago de pólizas que están dentro de la causa.
