Las universidades andaluzas cuentan, a día de hoy, con 1.031 millones de euros para financiación operativa, un epígrafe en el que se engloba todo lo referente al pago de nóminas (gastos del capítulo 1). Los presupuestos 2014 de la Junta de Andalucía para las universidades prevén esta partida (1.031 millones de euros) pese a que el gasto autorizado en personal es de 1.070 millones (la Universidad de Sevilla representa el 25% del sistema andaluz, por lo que tendría que recibir alrededor de 260 millones de euros). Eso significa que faltan 39 millones para cubrir al cien por cien el gasto en nóminas. Esto motivó ayer que el rector de la Universidad de Sevilla, AntonioRamírez de Arellano, lanzara una serie advertencia sobre los problemas que esta merma puede acarrear en el ejercicio de la autonomía universitaria (capacidad de decisión). La noticia provocó más de un respingo entre los 181 profesores, estudiantes y PAS que asistieron al Claustro en el que el rector presentó su segundo informe de gestión. Por eso, Ramírez de Arellano calmó los ánimos al garantizar a los asistentes que las nóminas se pagarán religiosamente. Lo que es indiscutible es que, de no modificarse las cuentas durante el periodo de enmiendas que está abierto, las universidades andaluzas tendrían que acometer nuevos recortes en las partidas de gastos corrientes (caso de la luz, agua y suministros varios, por ejemplo). El rector de la Hispalense desmenuzó algunas de las principales cifras del presupuesto 2014 para las universidades. En primer lugar, destacó que los 1.357 millones previstos suponen un 4,43% menos que en 2013, un porcentaje que está muy por encima de la media de caída de los presupuestos andaluces (un 3,5%) con respecto al año pasado. No desaprovechó Ramírez de Arellano ni la ocasión ni el foro para arremeter de nuevo contra la política del Gobierno andaluz. La Junta no cumple con el modelo de financiación, se quejó. El citado modelo fija que las universidades deben recibir el 1,05% del Producto Interior Bruto (PIB). Los números que por ahora tienen confirmados los campus deja ese porcentaje en un 1,036% del PIB. Tampoco le gusta a Ramírez de Arellano que la política universitaria no tenga su cartera propia dentro del organigrama de San Telmo. Cuando el consejero [en alusión a José Sánchez Maldonado, de Innovación, Ciencia y Empresa, donde se ubican las universidades] levanta la mano en el Consejo de Gobierno, quizás no lo haga para hablar de universidades, ejemplificó a los claustrales. Hubo quien durante el turno de preguntas echó en cara al máximo responsable de la institución que los rectores se hagan muchas fotos con la Junta y que, tras éstas, no haya una exigencia contundente. Ramírez de Arellano negó la mayor. Recordó que en toda clase de foros, públicos y privados, ha mostrado su preocupación por las maneras desplegadas en relación a las universidades, sobre todo, en lo referente a los problemas de tesorería. Exigimos desde hace dos años un plan de tesorería, afirmó, para, a renglón seguido, apostillar que los rectores reivindican desde hace meses que los recortes tengan el menor impacto posible en la financiación estructural u operativa que, recordamos, sirve en un 90% para el pago de las nóminas de la amplia plantilla universitaria. En el documento remitido hace una semana a los claustrales para que lo analizaran antes del debate se recoge textualmente: Exigimos la estricta aplicación del modelo de financiación, lo que significa una financiación operativa acorde con nuestra demanda académica y que los ajustes económicos derivados de la menor disponibilidad de recursos impacten lo menos posible sobre la financiación operativa. Desde 2008, la Universidad de Sevilla ha pasado de un presupuesto de 450,4 millones de euros a 424,1 millones. Pese a los problemas, la Hispalense tiene un saldo de tesorería correspondiente a 2012 de 11,8 millones de euros, una cantidad ligeramente superior a la de 2011 (9,3 millones de euros). Y si no es nueva la crítica del rector de la Hispalense a la Junta, tampoco lo es su rechazo de plano a las políticas impuestas por el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Para Ramírez de Arellano la manera de hacer frente a la reforma puesta ya en marcha con el decreto 20/2012 es remando todos en la misma dirección. La rúbrica de consensos dentro del panorama universitario se antoja difícil si tenemos en cuenta, desveló el rector, que hay universidades públicas que quieren cambiar el modelo de gobernanza. El ministro Wert aspira a que la figura del rector sea elegida entre unos pocos notables y a convertir el actual Consejo de Gobierno en un Consejo de Administración, de forma que la universidad se gestione como una empresa. El Gobierno no sólo cuenta para este proyecto con un puñado de universidades públicas. Tiene en los Consejos Sociales a unos perfectos aliados, en palabras de Ramírez de Arellano. Sería conveniente que los Consejos Sociales centraran su interés en conseguir más recursos para las universidades. Es fácil cuando se parte de cero, reprochó el rector de la Universidad de Sevilla en una crítica que incluso originó alguna risotada.
