El enfrentamiento entre la Junta y todo el PP por la situación de las cuentas andaluzas subió ayer de tono. El líder de los populares andaluces, Javier Arenas, lanzó un Twitter por la mañana en el que, por primera vez, dijo claramente que la Junta está en "suspensión de pagos". Esta afirmación, que ya la había insinuado antes y que el Gobierno central y Génova se han encargado de alimentar, indignó al Gobierno andaluz. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, le acusó de "hacer trampa" buscando el rédito electoral. Negó que haya "facturas en los cajones" y recordó que comunidades del PP también dejan pagos para el siguiente ejercicio. El PP se quedó solo en esta estrategia. Patronal y sindicatos lamentaron que sembrar sospechas sobre las arcas andaluzas "perjudica la economía".
A dos meses para las autonómicas, el PP-A está centrando su estrategia en denunciar que la Junta "falsea" su Presupuesto y que, si gana el 25-M, heredará una comunidad en bancarrota. Los populares convertirán el pleno del Parlamento de hoy -el último de la legislatura en el que se hará balance del mandato- en un examen final al Ejecutivo sobre el estado de las cuentas. Ayer Arenas agitó la polémica en las redes sociales: "Quienes han llevado a la Junta a la suspensión de pagos a dos meses de las elecciones no pueden presumir de rigor presupuestario", dijo. Se comprometió a que si llega a San Telmo, reformará el sistema financiero "para que las empresas puedan acceder al crédito y la Junta deje de ser un obstáculo".
Nadie del PP ni del Gobierno central ha aportado datos distintos de los que ya se conocen del Banco de España y que demuestran que Andalucía tiene una deuda por habitante menor que la media y muy alejada de comunidades como Valencia (PP). La Junta, por su parte, tampoco ha revelado la deuda acumulada con sus proveedores como sí ha hecho Cataluña, por ejemplo, excusándose en que aún no se ha producido el cierre presupuestario y los datos no serían exactos.
La consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, compareció ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno dispuesta a refutar las "mentiras" del PP sobre las facturas sin pagar y comparó la situación andaluza con la madrileña para demostrar que ambas administraciones habían actuado igual. Moreno levantó una copia del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y leyó la orden del cierre del ejercicio presupuestario y los compromisos de pago que quedaban pendiente para el siguiente ejercicio. "¿Por qué el PP genera alarma en Andalucía cuando ésta es la misma orden en todas la comunidades y se ha hecho así toda la vida", se preguntó.
Moreno explicó que suspender los pagos para cerrar un ejercicio presupuestario no significa lo mismo que el concepto suspensión de pagos, que remite directamente a una empresa o administración incapaz de afrontar su deuda por falta de liquidez. "Si a la luz de los datos que son objetivos, técnicos y científicos el señor Arenas insiste en mentir y hablar mal de Andalucía con un objetivo electoral, pensaremos que ocurre lo que ya ocurrió con el PP en España, que se paseaba por Europa hablando mal de España y Arenas se pasea por España hablando mal de Andalucía", lamentó Moreno, que acusó al líder del PP-A de "hacer trampas con cuestiones meramente administrativas y contables simplemente para hacer daño".
censura. Hubo muchas otras reacciones que afearon la postura del PP. El candidato a la Secretaría General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó de "indecencia política" que el Gobierno de España "siembre dudas con falsedades" sobre la situación económica de Andalucía "sólo para echar una mano" a Arenas.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, consideró "malo" generar "desconfianza" sobre las arcas andaluzas y criticó que los partidos "utilizan cualquier circunstancia para la confrontación política, y en este caso se perjudica a la actividad económica". En declaraciones a Canal Sur, Herrero dijo que Andalucía "necesita un cambio económico sustancial", algo que "se puede conseguir mediante un cambio de partido, de gobierno o de mentalidad". El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ve "muy poco ético" que el Gobierno central "alimente" dudas sobre la economía andaluza. "El Ejecutivo acrecienta las sospechas dando pábulo a informaciones claramente partidarias", escribió en su blog. IU espera conocer hoy en la Cámara la "salud" de las cuentas.
Montoro recibirá a Ávila y Aguayo el 1 de febrero
El ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, se reunirá el próximo 1 de febrero con la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el consejero de Economía, Antonio Ávila, para tratar “todos los asuntos pendientes” entre las administraciones central y autonómica por lo que a sus competencias se refiere. El encuentro, según informó a Europa Press el ministerio y confirmó la Junta, se celebrará el 1 de febrero a petición de la consejera Martínez Aguayo, quien además había propuesto la asistencia de Avila.
Uno de los asuntos que tratarán, el del dinero que el Estado debe a la comunidad, ha abierto otro frente entre ambas administraciones. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, pidió ayer a la consejera de Hacienda que deje el clima de “confrontación” después de que haya enviado otra carta al ministro de Hacienda en la que le recuerda que el Gobierno tiene pendientes de pago unos 1.379 millones por los anticipos devengados en 2011. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, quiso dejar claro que el Gobierno andaluz no trata de abrir ningún frente con el Ejecutivo y recordó que esa cantidad ya se la reclamó al gabinete de Zapatero y que la Junta acudió a los tribunales.
El número dos del PP-A, Antonio Sanz, consideró que la reclamación de la Junta supone “una crítica tardía y poco creíble” al anterior Gobierno de Zapatero. La consejera de Presidencia aclaró que la carta de la Junta viene a recordar que “seguimos interesados en se anticipen los fondos de convergencia”. Manifestó que da la casualidad además de que dos de los responsables de Madrid y de Galicia que en su día opinaban como la Junta están ahora en secretarías de Estado, y que, por tanto, la Junta tiene “interés en saber si se ha cambiado el criterio”.
