La historia de las Reales Atarazanas está repleta de desahucios culturales. Desde que en los años 70 este colosal edificio dejara de utilizarse como sede de la Real Maestranza de Artillería, pasando a albergar usos militares, no ha cuajado ninguno de los proyectos ideados para un enclave declarado Bien de Interés Cultural y catalogado como Monumento Nacional desde 1969.
En 1993, la Consejería de Cultura compró las siete naves septentrionales de las antiguas Atarazanas a Defensa, en un intento por evitar que se convirtieran en oficinas. Su intención fue inicialmente instalar allí el futuro Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, previa rehabilitación integral del inmueble. Sin embargo, el elevado coste de este proyecto, su complejidad y la lentitud en los trabajos provocó que en 1996 la entonces responsable de Cultura, Carmen Calvo, presionada por las críticas ante el enorme retraso que acumulaba el CAAC, anunciara que se ubicaría en Santa María de las Cuevas. Primer traspiés para las Atarazanas. Pero Calvo, experta en golpes de efecto, sorprendió a todos proponiendo ceder al Gobierno central (PP) los antiguos astilleros, para que instalara allí el Museo Nacional de Antropología. Una jugada mediática que no fructificó.
Luego probó a acercar el edificio a la ciudadanía con muestras como la de la restauración del Giraldillo, la segunda edición de la Biacs y varias exposiciones menores. Pero la discusión pública sobre el destino definitivo del espacio no cesó. En este debate participó la Junta, que siempre defendió usos expositivos e incluso escénicos; los empresarios, que pidieron que el monumento acogiera congresos; la ciudadanía, articulada a través de la Fundación Atarazanas, que reclamó un museo sobre la historia del río y el mar -algo que ya estaba previsto en el Pabellón de la Navegación- e incluso el Ayuntamiento, que apoyó la idea de la citada fundación y también, en el caso del PP, los usos congresuales.
La opinión pública, una vez más, comenzó a presionar a Cultura, que se defendía alegando que llevaba invertidos unos seis millones de euros en la rehabilitación del antiguo astillero, aunque sabía que eso no era suficiente. La sociedad pedía un uso concreto. Finalmente, a finales de 2008, La Caixa apareció como gran salvadora, anunciando una lluvia de millones y un proyecto cultural de primer orden, un Caixafórum, como Barcelona o Madrid. Una jugada redonda, inmaculada, irreprochable. La oposición no pudo más que aplaudir el acuerdo de cesión por 75 años, firmado en 2009.
Sin embargo, Sevilla no es Madrid ni Barcelona, ni tiene gestores parecidos a los de esas ciudades. La batalla política, de la que damos cuenta ampliamente hoy en este periódico, ha demostrado una vez más la clase de responsables institucionales que gastamos, capaces de perder un Museo Thyssen que estaba prácticamente cerrado, dejar escapar la valiosa colección pictórica de Mariano Bellver, permitir que se caigan a pedazos monumentos como Santa Catalina, la Fábrica de Artillería o el mismísimo Museo Arqueológico, e incluso no evitar que una fusión bancaria -Cajasol-Caixabank- se lleve por delante un proyecto de museo en pleno corazón de la ciudad. De la ineptitud de nuestros recientes gestores culturales -autonómicos y locales- poco más cabe decir. Sería fácil insistir en la crítica a Junta y Ayuntamiento por haber antepuesto la confrontación partidista a esta gran empresa.
Pero no debemos quedarnos ahí y pasar por alto que quien ha tomado la decisión de romper un contrato que firmó con el Gobierno andaluz, quien ha perpetrado este nuevo desahucio cultural no han sido las administraciones -que al menos podrían habérselo puesto más difícil-, sino La Caixa, que se lleva el proyecto a la Torre Pelli arguyendo que así abrirá antes su Caixafórum. Si la entidad catalana tenía prisa, no debería haber pensado jamás en los antiguos astilleros.
Era obvio que el proceso burocrático en un BIC no iba a resultar sencillo. Si lo importante era abrir cuanto antes su embajada cultural en Sevilla, podría haber comprado cualquier céntrico edificio y haberlo puesto a punto en pocos meses. Las dificultades administrativas le han servido de excusa para ahorrarse más de 20 millones de euros. Y la Junta y el Consistorio se lo han puesto en bandeja. Ahora se empeñen en alegar que Sevilla al menos no perderá el Caixafórum, pero hay que subrayar que este proyecto era sólo un pretexto para recuperar las Atarazanas sin coste para el contribuyente.
Una vez más, volvemos al punto de partida o incluso damos más pasos atrás, porque desde 2009 la Junta no invierte en la rehabilitación de este monumento, que permanece cerrado y sin uso. Parte del trabajo que ya se hizo se habrá perdido, y eso alguien lo tendría que pagar. ¿O aquí, por tratarse de Cultura, nadie va a asumir su responsabilidades? Que no se pierda de vista que con esta noticia la ciudad no ha perdido sólo un centro expositivo sino muchos millones.
Y en este punto, cuando las espadas vuelven a levantarse para defender usos alternativos, hay que desempolvar de las hemerotecas unas declaraciones que en 1999 realizó Carmen Calvo: "Las Atarazanas son un monumento en sí mismo que tenemos que recuperar. No tiene que servir para albergar algo en concreto, como tampoco lo hace la Alhambra, ni Itálica, ni Madinat al-Zahra". Los políticos, a veces, sí saben estar a la altura.
