Durante una interpelación planteada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) sobre el futuro de las pensiones, Báñez ha asegurado que "el Gobierno no va a alterar la ley" aprobada la pasada legislatura, que eleva la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Además, introduce la exigencia de contar con una carrera de cotización de 37 años para poder acceder a cobrar la pensión máxima, frente a los 35 años actuales; y amplía de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones.
"El Gobierno no va a alterar la ley. La edad de jubilación va a aumentar tal y como quedó en la ley. No va a haber una aceleración del retraso de la edad de jubilación", ha asegurado Báñez, lanzando un mensaje "de tranquilidad y seguridad a los pensionistas, porque el sistema es un buen sistema, goza de buena salud y se están además llevando a cabo reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad en el futuro".
También se están redactando reformas normativas para "racionalizar la jubilación anticipada", de la que, ha dicho, se ha "abusado" en el pasado. "Queremos hablarlo con los grupos parlamentarios para tomar una decisión definitiva de futuro. Y también tenemos la obligación de definir el factor de sostenibilidad de forma tranquila, pacífica y acordada", ha apostillado.
ACTUALIZACION Y SEPARACIÓN DE FUENTES.
A renglón seguido, ha insistido en que "no es momento de añadir más incertidumbre y desasosiego a la sociedad" porque el sistema "es fiable y se está reforzando para mejorar sus sostenibilidad" tras recibirlo con problemas por "la coyuntura económica y decisiones pasadas". "Siempre nos encontramos la caja de las pensiones en números rojos y nuestra política de seriedad le da la vuelta a la situación", ha dicho.
La ministra ha defendido así que el Gobierno "está poniendo las cosas en orden", tras dos años de déficit de la Seguridad Social de más de 7.700 millones y de la infradotación del Fondo de Reserva en más de 15.000 millones. Además, también se están retirando las "nuevas cargas" que el PSOE impuso al sistema, incrementando en un 327% las cargas "que no tienen nada que ver" con la Seguridad Social.
"Lo más importante es garantizar las pensiones y dar tranquilidad a los pensionistas. Hemos recibido las pensiones en déficit y las dejamos en superávit. Hemos recibido las pensiones congeladas y las subimos desde el primer momento. Hemos recibido un sistema que soporta grandes cargas adicionales y culminamos la separación de fuentes de financiación en 2013", ha proclamado.
En este sentido, ha reivindicado que el PP ha revalorizado las pensiones un 1% en 2012 y que lo volverá a hacer en 2013, si bien no ha aclarado si también se compensará la subida del IPC a lo largo del ejercicio, tal y como desde hace semanas reclama la oposición.
Finalmente, ha destacado otras medidas como la reforma laboral, el recorte de salarios públicos o la limitación de retribuciones a los banqueros de entidades intervenidas como apuestas por el crecimiento y la creación de empleo que, a la postre, es lo único que realmente puede garantizar el sistema público de pensiones en el largo plazo.
HACE FALTA UNA "RESPUESTA CLARA".
Sin embargo, estas explicaciones no han sido suficientes para el portavoz de Empleo de IU-ICV, Joan Coscubiela, quien ha insistido en que los pensionistas "esperan una respuesta clara" sobre el futuro de sus retribuciones. "*Va el Gobierno a revalorizar las pensiones de 2012 aplicando el diferencial del IPC de noviembre sobre ese 1% sí o no? Es la pregunta que se hacen todos los pensionistas. No esperen a resolverla con nocturnidad, alevosía y desprecio de los pensionistas. Conteste con claridad y sinceridad", ha reclamado.
Además, ha recordado que esta revisión de las pensiones no es una medida "graciable" sino un "derecho que garantiza la ley, y ha criticado las "evasivas, eufemismos y frases ininteligibles" que emplea el Ejecutivo para "no comprometerse con el mantenimiento del poder adquisitivo" de los pensionistas, que además ya se ha visto perjudicado por el "repago" de medicamentos o la subida del IVA.
"Tienen que dar garantías. Sabemos que es un esfuerzo importante para las arcas públicas, pero no digan que no hay 4.000 millones para las pensiones y sí 46.000 para sanear las cuentas bancarias y salvar los intereses, no de los españoles, sino de los acreedores", ha exigido.
EL PROBLEMA NO ES DE LAS PENSIONES.
A renglón seguido, el diputado catalán ha apuntado que el problema de la sostenibilidad del sistema no es ni el aumento de la esperanza de vida ni un excesivo gasto en pensiones --que, según ha dicho, está por debajo de la media UE-27--, sino "las políticas de ajuste drástico que se están convirtiendo en armas de destrucción masiva de empleo" y el "sometimiento a los mercados financieros" que han llevado al Gobierno a priorizar la reducción del déficit y el pago de la deuda sobre las medidas sociales.
"Es verdad que la Seguridad Social tiene un déficit estructural, pero no por un exceso de gasto en pensiones, sino por una caída de los ingresos, y sobre eso deben actuar. Los culpables no son los pensionistas, sino la crisis y las políticas injustas y suicidas de su Gobierno", ha insistido Coscubiela, mencionando explícitamente la reforma laboral, que "ha tenido una incidencia negativa en las cotizaciones".
En este sentido, ha rechazado el anuncio del presidente, Mariano Rajoy, de que se acometerá una "incomprensible e inviable" bajada de dos puntos en las cotizaciones mientras hacer "prácticamente inaccesible la jubilación parcial o anticipada" lo que, a su vez, perjudica el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Por eso, ha pedido a la ministra aclaraciones sobre estos asuntos para que "la precariedad de hoy no se convierta en pensiones mínimas mañana".
Finalmente, Coscubiela ha apoyado la decisión del Gobierno de usar el Fondo de Reserva para revalorizar las pensiones el año próximo y también la necesidad de lanzar un mensaje de "tranquilidad y certidumbre", aunque ha recordado que "obras son amores y no buenas razones".
"Y ustedes están haciendo justo lo contrario a eso", ha dicho, reclamando que igual que la Seguridad Social sirvió para cubrir "determinadas insuficiencias" de los Presupuestos en época de bonanza, ahora sea el Estado el que "ayude" a la Seguridad Social.
