El sumario del caso Astapa, cuyo secreto se levantó parcialmente la semana pasada, revela que el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) tenía una lista de "personas privadas, concejales y funcionarios" tanto "del gobierno actual como de la oposición" que no pagaban a la grúa la tasa obligatoria por la retirada de los coches.
Los investigadores aseguran que en varias conversaciones telefónicas los imputados señalan que en la gestión de la grúa "hay cosas raras y que estarían metidos el secretario, el vicesecretario y Carlos Barrientos", primo hermano del ex alcalde socialista y ex cargo de confianza en el consistorio. En concreto, el ex jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, y Juan Simón, hablan de ese listado mientras el ex edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Sánchez, afirma que "se pierden coches enteros, coches nuevos" y expresa su temor a tirar "de ese hilo" por si desemboca en "un tema penal". "Si tiramos de coches robados, vaya que aparezca alguno en la casa de quien no debe y tengamos que cesar a la cúpula", dice Sánchez, aludiendo a la posibilidad de que entre el equipo de gobierno y los empresarios cercanos a su núcleo circulasen coches ilegales con el beneplácito municipal.
El sumario también recoge la conversación telefónica del líder del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y su hermano Jorge, interesados en adquirir una parcela por "unos 80 millones" pagando "casi la mitad de ella en B".
Desde el PP andaluz, el secretario general, Antonio Sanz, instó ayer al PSOE-A a aclarar si conocía las irregularidades que según el actual alcalde, Diego Valadez, denunció a la dirección regional, ya que si es así pudo encubrir un delito. El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, le contestó diciendo que la actitud de los populares es "desleal" con la ciudadanía de Estepona, por no apoyar a la corporación local, y exigió a su dirección que explique a los ciudadanos "en qué barco va".
