El PSOE federal y el andaluz, es decir, Pedro Sánchez y Susana Díaz, han consensuado el argumentario con el que van a defender la posición del partido ante la imputación de los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán: no les exigirán que entreguen las actas de diputado y senador hasta acudan a declarar ante el juez Barreiro y éste decida si ve indicios delictivos suficientes como para concretar la imputación de un delito (Alaya les vinculó, sin llegar a acusarles, con los delitos de malversación de fondos y prevaricación) o archivar el caso. Ni Sánchez ni Díaz se van a «mover un milímetro» de esa posición, y con ella aguantarán las embestidas que ya están lanzando todos los demás partidos de aquí al 22 de marzo, día de las elecciones.
En este caso, el secretario general del PSOE y la líder andaluza son más fuertes unidos que enfrentados. Pero haber pactado un discurso único no significa que no haya voces dentro del partido que consideren que el PSOE, y la campaña electoral de Díaz, se verían descargados de tanta presión si Chaves y Griñán dieran el paso de abandonar motu proprio sus respectivos escaños. Desde el punto de vista jurídico, no tienen por qué hacerlo, porque no están inculpados de nada, y su imputación no es más que una garantía procesal para acudir a responder a las preguntas del juez asistidos por sus abogados. Pero desde el punto de vista político «y ético», ante una sociedad indignada con la clase política por la abundancia de casos de corrupción, la carga de responsabilidad sobre los expresidentes es «insoportable», dice un dirigente. Chaves y Griñán pilotaron el Gobierno andaluz durante 23 años (1990 a 2013), y el caso ERE arroja sospechas sobre el uso de fondos públicos durante la última década. Además ambos han sido presidentes del PSOE.
Este debate se ha mantenido en los despachos de Ferraz y de San Vicente, pero en él han mediado profesionales juristas y del derecho penal que plantean ciertas dudas razonables: Si Chaves y Griñán pierden su aforamiento ahora, ¿el Supremo continuará con el caso o se lo devolverá a Mercedes Alaya, la jueza que inició la instrucción? 
La jueza Mercedes Alaya. / EFE
Habría que ponderar ciertos riesgos, porque no todo es blanco o negro. Imaginen que Chaves y Griñán renuncian voluntariamente a su inmunidad. Imaginen que se sacrifican por el partido en el que lo han sido todo (y ya no pueden ser mucho más) y se desvinculan del PSOE para que el PSOE pueda reafirmarse en su compromiso contra la corrupción más cómodamente y sin ninguna incoherencia interna (zanjando las comparaciones con la crisis del PSOE de Madrid). ¿El partido y Susana Díaz se verían beneficiados? Aparentemente sí. Pero, ¿y si, acto seguido, Alaya recupera el caso y cita a declarar a los expresidentes durante la campaña electoral? La jueza ya intentó tomar declaración a Chaves y a Griñán, creando la figura del preimputado (que no existe en el ordenamiento jurídico actual), y ofreciéndoles la posibilidad de acudir voluntariamente a su juzgado para explicarse.
¿Esto puede ocurrir? «Es poco probable, pero no es imposible», advierten fuentes del partido. El consejero de Justicia, Emilio de Llera, lo ve improbable, dice que «la jurisprudencia tanto del Constitucional como de la Sala de lo Penal del Supremo dice que una vez que un tribunal se ha hecho cargo de un asunto sobre una serie de aforados, y al menos quedan algunos, ya debe seguir con los otros. Porque no se puede dividir la causa a estas alturas». Pero De Llera, fiscal de profesión, sabe que no existe jurisprudencia única y definitiva al respecto. Fuentes del Ministerio Público y del TSJA remiten a antecedentes en los que el juicio a un político aforado ha pasado del Supremo a un tribunal inferior cuando éste ha perdido su inmunidad como aforado. Así que el riesgo de que Chaves y Griñán renuncien a su escaño ahora no es limitado.
