El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo ayer que la huelga de jueces convocada en algunos lugares de España para el 18 de febrero "debe desconvocarse porque no es solución de nada", e insistió en que "los problemas se arreglan hablando y tomando decisiones". El titular de Justicia se pronunció así en declaraciones a los periodistas durante la inauguración de la segunda sesión anual abierta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) celebrada en la Universidad Carlos III, en la localidad madrileña de Leganés. En relación con la reunión mantenida el pasado lunes con representantes de las cuatro asociaciones judiciales, que decidieron mantener el calendario de movilizaciones -que incluye protestas simbólicas el 18 de febrero y una posible huelga el 26 de junio-, Bermejo dijo que "la actitud de las asociaciones fue buena" y que en el encuentro se dieron "pasos de acercamiento".
Por su parte, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzaron a analizar la postura que tomará este órgano frente la huelga de jueces del 18 de febrero, aunque no adoptará un acuerdo formal hasta el lunes, tras reunirse con las asociaciones judiciales.
Según informaron a Efe fuentes del órgano de gobierno de los jueces, los vocales mantuvieron ayer una reunión informal para tratar este asunto, cambio de impresiones que podría continuar hoy en la sesión plenaria del Consejo, aunque no figura en el orden del día del pleno, el último ordinario antes del 18-F. El Consejo esperará así a la reunión que mantendrá el próximo 2 de febrero con las asociaciones judiciales para ver cuál es su posición final, ya que "no está claro si es común o divergente".
En relación a los servicios mínimos, las fuentes consultadas indicaron que el problema legal que plantea la huelga es que nadie está legitimado para fijarlos. Esta misma cuestión está siendo analizada ya por la Abogacía del Estado.
