La Declaración de Bolonia, aprobada en 1999 por el Gobierno del Partido Popular y cuyos objetivos debían estar completados en 2010, no sólo presenta graves dificultades en su cumplimiento, sino que además ha levantado una impresionante polvareda de críticas negativas que el actual Gobierno no ha sabido solucionar, como intentaré demostrar en las siguientes líneas, cubriéndose todo este despropósito con un caleidoscópico plan denominado Campus de Excelencia 2015.
Para comenzar, creo importante hacer de nuevo la siguiente pregunta. ¿Qué es Bolonia? Pues bien, Bolonia significa la compatibilidad de los diferentes sistemas educativos europeos, es decir, que los títulos sean comparables entre sí, nunca que sean idénticos. Para ello, las enseñanzas universitarias se dividirán en tres ciclos (grado, máster y doctorado), los créditos cursados por los estudiantes, llamados ECTS o crédito europeo, serán acumulables y transferibles, la calidad de las titulaciones se evaluará por criterios docentes e investigadores y se respetará la diversidad y el fomento de la responsabilidad de las Universidades, entre otros. Hasta aquí creo que todos podemos estar de acuerdo.
Pero ¿qué ha ocurrido? El Gobierno se ha bloqueado, por decirlo de manera suave, y lo que podía haber sido un proceso fácil y acompañado por toda la comunidad universitaria se ha enquistado y ha tenido críticas desde eminentes catedráticos, de diversas ideologías, los sindicatos, los estudiantes y, por supuesto, la oposición política.
La confusión creada por las sucesivas tres ministras del ramo, junto a sus tres secretarios de Estado, como la supresión, afortunadamente con marcha atrás, de la Historia del Arte, de Sansegundo-Ordóñez, los cuatro años fijos del grado de Cabrera-Quintanilla, o el ya citado Campus de Excelencia de Garmendia-Rubiralta, ha embrollado mucho el proceso de adaptación del Espacio Europeo de Educación Superior, que desde luego Bolonia no exigía nada de todo esto para su adaptación. Como tampoco esta adaptación europea contemplaba el cambio del Catálogo de las Titulaciones por el del Registro -¡con lo que costó elaborar las titulaciones para el Catálogo!- o la aprobación de los postgrados antes de los grados. Por si fuera poca la confusión a todo este desbarajuste se le une la impresionante e inexplicable falta de información del ministerio sobre Bolonia (con lo que se gasta el Gobierno en publicidad), el no haber aprobado aún un plan de financiación universitaria, la reforma de la Aneca, anunciada para principios de año y todavía no se sabe nada, el conflicto con las ingenierías, especialmente con los Ingenieros Informáticos y Químicos, que siguen sin tener aprobadas sus competencias profesionales, etc.. Sin duda alguna la falta de diálogo y de respeto a las Universidades ha sido tan evidente que los descontentos se han producido desde el sector estudiantil ("antisistemas antes? ahora hay que escucharlos porque contribuyen a mejorar el sistema" dixit Garmendia) que amenaza con calentar más el ambiente, hasta la propia CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) que ha protestado por la falta de información, de financiación y de claridad, pasando por la oposición política, especialmente del Partido Popular, que ha presentado en el Congreso cerca de una docena de Proposiciones no de Ley y más de treinta preguntas referentes al deteriorado desarrollo del Proceso de Bolonia en nuestro país con el objetivo, como no puede ser de otra manera, de su inmediata mejora. Para callar esta complicada y delicada situación, se le añade a Bolonia 2010, y, en consecuencia, al Campus de Excelencia 2015, el denominado Plan de Acción 2009, aprobado en el Consejo de Ministro el 30 del pasado mes de enero.
Se puede pensar, por tanto, que habrá también Planes para el 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 e incluso por meses, según convenga al ministerio. Al menos ésa es una de las 12 preguntas que el Partido Popular le ha hecho al Gobierno al conocer este nuevo e improvisado plan, que no ha sido consultado ni con las Universidades ni con las comunidades autónomas, no se ha conocido diagnóstico alguno previo para determinar sus objetivos, no se sabe cuál va a ser el criterio o criterios para redistribuir los nuevos fondos económicos entre las Universidades, en definitiva, un plan que puede ser aceptable, pero que llega tarde, mal y escaso. Bolonia, pues, con esta dubitativa política ministerial, con el enorme retraso en la ejecución de la adaptación al EEES -recuérdese que los primeros Reales Decretos están fechados en 2003-, con los parches constantes que nos tienen acostumbrados, con las críticas vertidas desde diferentes sectores, por muchos planes que se ejecuten el proceso sigue sin calar en la comunidad universitaria y, por supuesto, en la sociedad en general. El reto que le queda al Gobierno no sólo es muy serio sino absolutamente trascendental para el futuro de la Universidad española y, por ende, de la sociedad en general.
Adolfo González es vicepresidente primero de la Comisión de Ciencia e Innovación y diputado del PP en el Congreso de los Diputados
