El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Burguillos en el contencioso que mantiene con la Junta por la decisión de la Administración autonómica de eliminar de su PGOU dos proyectos urbanísticos que preveían la construcción de un total de 2.300 viviendas. El Alto Tribunal sostiene que la Junta tenía que haber dado razones más fundadas para tomar esta decisión y recuerda que son los ayuntamientos quienes tienen que tomar las riendas de sus planeamientos urbanísticos en virtud del principio de autonomía local. El fallo judicial no sólo cobra relieve por su influencia sobre el desarrollo de Burguillos, sino por lo que podría implicar de cuestionamiento de la política de la Junta con respecto a los crecimientos metropolitanos. El dictamen del TSJA es discutible. Las restricciones impuestas desde la Administración autonómica al crecimiento desaforado de algunos municipios de la Gran Sevilla no responden a ninguna decisión arbitraria sino a la imposición de criterios de racionalidad. Burguillos, cuyo ayuntamiento gobierna el PSOE, hubiera pasado de 4.515 a 24.550 habitantes si no se hubieran paralizado estos planes. Este incremento poblacional, de un 443%, supondría la llegada de miles de familias que necesitarían centros de salud, colegios y mejores carreteras para comunicarse con el resto de la Gran Sevilla. ¿Y eso quién lo pagaría? ¿el Ayuntamiento de Burguillos? ¿O quizás tendrían que ser los contribuyentes quienes asumiesen el pago de los equipamientos necesarios para proporcionarle servicios a los nuevos vecinos? Si algo ha demostrado la crisis económica en Andalucía es que el modelo de crecimiento basado en una construcción sin freno ha llegado a su fin. El TSJA le da a Burguillos el derecho a quintuplicar su población, pero haría bien en acompasar su crecimiento al del resto de municipios colindantes si no quiere que sus propios vecinos sean víctimas de una aglomeración imposible de regular.
