El Sistema Integral de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (Sitel), objeto de polémica entre el PP y el Gobierno en las últimas semanas, es una potente herramienta informática que permite a las Fuerzas de Seguridad y al CNI, siempre bajo mandato judicial, intervenir las comunicaciones telefónicas de los sospechosos de un delito. A pesar de que los tribunales en varias ocasiones han ratificado que el sistema es legal, el PP, que fue el que lo adquirió, no deja de criticar al Gobierno por su uso. Ayer, sin ir más lejos, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, espetó: "Estoy segura de que hoy me ve y me oye Rubalcaba, pero a lo mejor le pregunto en el juzgado cuándo me ve otras veces".
¿Qué datos intercepta?
El sistema guarda todos los datos de los titulares de las líneas -como DNI o domicilios-, el contenido y los números de las llamadas entrantes y salientes, los mensajes de texto o multimedia, la localización aproximada del teléfono móvil, así como la fecha, la hora y la duración de las comunicaciones.
¿Para qué se utiliza?
Sitel se emplea en investigaciones policiales sobre delitos graves como terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales o crimen organizado y siempre que la gravedad de los hechos a investigar, según el criterio de la autoridad judicial, justifique la suspensión del secreto de las comunicaciones.
¿Quién da autorización?
El juez. No obstante, el real decreto 424/2005 autoriza a las Fuerzas de Seguridad del Estado a acceder a determinados datos personales antes incluso de que se produzca la autorización judicial. En esos casos, la operadora está obligada a facilitar a los agentes la identidad del titular de la línea, el tipo de contrato que tiene suscrito e incluso la ubicación exacta del terminal a investigar. Con esta información en la mano, la Policía puede decidir después si solicita permiso al juez para pinchar la línea telefónica del sospechoso.
¿Cómo funciona?
El programa espía está integrado en las propias redes de los operadores de telecomunicaciones, sean de telefonía fija o móvil. No obstante, el sistema sólo se activa cuando ya existe una autorización judicial. Una vez recibida la autorización del juez, el sistema Sitel envía por medio de una conexión segura "punto a punto" la comunicación intervenida a un ordenador central ubicado en la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil que, a su vez, lo distribuye hasta los terminales periféricos.
¿Quién puede acceder?
Únicamente los agentes autorizados de forma expresa. Para garantizar la plena confidencialidad y secreto de las conversaciones intervenidas, Sitel cuenta con ordenadores específicos en las unidades policiales de investigación conectados de forma "estanca" con el servidor central de Sitel. Sólo se puede trabajar "en red" y no se pueden hacer copias del material.
¿Qué llega al juez?
Como sucedía con los pinchazos clásicos previos a la puesta en marcha de Sitel, los agentes analizan el contenido de las comunicaciones telefónicas y elaboran un informe en el que relatan los detalles relevantes de las conversaciones intervenidas y su relación con los hechos delictivos investigados. Una vez elaborado el informe, que se añade a las diligencias del caso, desde el ordenador central de Sitel se vuelcan todos los pinchazos en formato DVD y se envían al juez. Este disco es la única versión original de las llamadas que se han intervenido.
¿Cuándo nació Sitel?
En octubre de 2001, el Gobierno de José María Aznar suscribió un contrato para la "adquisición e instalación de un sistema integrado de interceptación legal de comunicaciones". El proyecto llevaba la firma de Mariano Rajoy, ministro del Interior. Fue diseñado por la empresa danesa ETI A/S, especializada en sistemas de información para organismos de seguridad, y tuvo un coste cercano a los 13 millones de euros. No estuvo plenamente operativo hasta el año 2005, con el primer ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
