La decisión del jurado resulta "razonable y justificada", así que el juez Ángel Márquez ha condenado al exdelegado de Empleo en Sevilla -bajo los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán- Antonio Rivas y a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce a pagar 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación por cometer un delito de cohecho: pidieron una comisión ilícita de 450.000 euros a los empresarios de La Raza a cambio de la gestión de la escuela de hostelería, un proyecto que ya había recibido una subvención de 900.000 euros de la Junta. La misma cifra que pedía la Fiscalía como multa para los ya condenados por el jurado popular, que declaró inocente a la cuarta procesada, Regla Pereira. Si Rivas, Mellet y Ponce no pagan esos 600.000 euros, cada uno tendrá que hacer frente a 12 meses de prisión, lo que la Audiencia Provincial considera "responsabilidad personal subsidiaria". Además, la sentencia remitida ayer a las partes incluye una novedad: el juez ha ordenado deducir testimonio contra Consuelo Velázquez, exsecretaria de Rivas y testigo en el juicio, para esclarecer si incurrió en un presunto delito de falso testimonio. Márquez, de hecho, no considera creíble su declaración. Por otro lado, la resolución -que será recurrida por los acusados ante el TSJA- deniega la indemnización que, por 900.000 euros, solicitó la acusación particular que ejerce la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, en relación con la subvención perdida y los perjuicios causados a las arcas de la sociedad. Sobre la petición de la acusación popular ejercida por el PP para deducir testimonio por un posible delito de prevaricación en la concesión de la subvención, el juez Márquez asevera que "si bien cabe apreciar ciertas irregularidades en el expediente remitido" por la Junta, "no es menos ciertos que esta Presidencia no tiene datos indiciarios suficientes para poder hacer un pronunciamiento como el interesado". "Aceptando la disyuntiva indicada, le reservamos las acciones que pueda ejercitar, así como dejamos al criterio del fiscal que ejercite en su caso las acciones pertinentes", concluye la sentencia. Lo cierto es que esta rama del caso Mercasevilla, punta de un iceberg que derivó en el caso de los ERE fraudulentos, se ha saldado con el primer cargo de la actual Junta de Andalucía condenado por corrupción. Antonio Rivas, exdelegado de Empleo -que dimitió tras llevar diez meses imputado-, "ideó" el soborno, según la sentencia. "La actuación de los acusados, Antonio Rivas ideando el soborno, concertándose con Fernando Mellet y, a través de éste, con Daniel Ponce, quienes aceptaron realizar la petición de dinero que les planteaba aquél, en beneficio propio o de terceros, constituye un supuesto de autoría conjunta", señala el juez. Márquez cree que "las pruebas permiten llegar de forma lógica a la conclusión adoptada por el jurado y a considerar una participación principal de Rivas en el soborno". ¿Y en qué se basan tanto el jurado como el juez? Su culpabilidad viene determinada por la declaración del jefe de la Policía Judicial que interrogó a Mellet y Ponce, que señaló que ambos apuntaron al exalto cargo, y por el testimonio en el juicio de Ponce, quien dijo "que Mellet le había dicho que había sido Rivas el que había pedido la comisión". Además, el juez subraya el hecho de que Rivas, que "carecía de competencia" para otorgar la subvención, se implicase "directamente en la consecución del convenio para el otorgamiento de la subvención para equipamiento y cursos de formación", mientras que las reuniones entre el exdelegado y Mellet "se sucedieron en el tiempo", por lo que "con estos antecedentes es lógico apreciar el desmedido interés de Rivas por las solicitudes de Mellet". En cuanto a la decisión de Mellet de no declarar, la sentencia apunta que "si bien no puede ser apreciado como prueba ni como indicio, sí puede ser valorado como una oportunidad perdida de debilitar o desvirtuar la prueba existente". Una de las curiosidades de la sentencia es que el juez cuestiona la veracidad de lo declarado como testigo por la secretaria de Rivas, Consuelo Velázquez, que se enfrenta a un delito por falso testimonio. "En un intento de eludir su responsabilidad", según el juez, Rivas dijo que el 5 de enero de 2009 habló con Mellet por teléfono, no de la subvención para la escuela de hostelería, sino para pedirle ayuda para que pudiera salir en la cabalgata de los Reyes Magos la hija de su secretaria. Algo que ella confirmó. "Su testimonio, al igual que el del acusado, en este punto carece de credibilidad", señala Márquez. Y es que el juez ve "incomprensible" que el 5 de enero la testigo no supiera en qué carroza iba su hija y, en concreto, que no fuera en El Tranvía, pues "de ser así no tendría confeccionado el traje (...) y además, no era factible que saliera en otra carroza distinta, pues la indumentaria era diferente". Según Velázquez, no sabía en qué carroza iba porque "se enteró de que había dos de Mercasevilla". La resolución judicial, que ratifica que La Raza se negó a pagar el soborno y que se paralizó el pago de la subvención tras haber puesto el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá los hechos en conocimiento de la Fiscalía, defiende la credibilidad del testimonio de los empresarios de La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio Rojas por su "coherencia", "contundencia" y por la "ausencia de contradicciones". Sobre las grabaciones dice que no son una conversación descontextualizada, entrecortada o fabricada ad hoc, sino que es una "conversación realmente mantenida entre los acusados y los empresarios".
