Esta semana ha comenzado un nuevo proceso de escolarización en Andalucía. La Consejería de Educación prevé matricular este mes a 1,6 millones de estudiantes en la comunidad, casi diez mil más que el curso pasado, con un notable crecimiento en el bachillerato y, sobre todo, en Formación Profesional. Han dado frutos los esfuerzos de la administración para reenganchar a los jóvenes que dejaron la escuela para trabajar, plasmadas en numerosas iniciativas entre las que destacan los 600 euros al mes a los que sigan estudiando después de la ESO o que los trabajadores puedan entrar en la FP sin necesidad de realizar la prueba obligatoria sólo acreditando un año de trabajo. Existe, sin embargo, una paradoja porque los mismos alumnos que se recuperan, se perderán este año en la enseñanza secundaria. Todos los niveles educativos recibirán más alumnos en sus cursos salvo la ESO. Son chavales que de un año para otro dejan de estar matriculados saliendo del sistema escolar sin el graduado, lo que se ha dado en llamar fracaso escolar, que afecta al 23% de los estudiantes. Se trata de un problema muy serio en el que se encuentra la cicatriz del informe PISA, que ha arrojado resultados negativos para Andalucía, evidenciando la necesidad de potenciar asignaturas esenciales como lengua, matemáticas o comprensión de lectura. Con todo, ha habido avances notables: hoy, el 98% de los alumnos andaluces logra plaza en el colegio elegido. Las mediáticas polémicas con las plazas concertadas en centros católicos no llegan al 2%. Andalucía no puede permitirse el lujo de perder estudiantes. La escolarización no sólo es un acto de responsabilidad de los padres con sus hijos, sino de la administración, que debe buscar fórmulas para mantener a sus alumnos y lograr que promocionen y se gradúen, beneficiándose de una educación pública de calidad.
