Pese a las llamadas al "esfuerzo de las partes" y a la "buena voluntad" que tanto el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, lanzaron por la mañana, por la tarde CSIF se levantó de la Mesa General de Función Pública tras leer un manifiesto en el que deslegitimaba ese foro de negociación -reclama que se aborde en la mesa sectorial donde están otros sindicatos de funcionarios como SAFJA y USTEA- y rechaza negociar sobre la base de un acuerdo alcanzado con UGT y CCOO en el marco de la Concertación. "Este decreto no tiene subsanación posible, sólo estamos dispuestos a negociar desde cero", señaló tras abandonar la reunión, una hora después de su inicio, el secretario de Acción Sindical de CSIF, Rafael Gavilán. Este sindicato exige que se derogue el actual texto para empezar a hablar.
UGT y CCOO siguieron una hora más sentados con la consejera, aunque el resultado no varió mucho sobre lo preacordado el 29 de octubre. El decreto suprime 111 empresas públicas y aglutina todo el sector en una decena de agencias cuyo personal estará formado por funcionarios y laborales de la administración (unos 3.000) y unos 25.000 trabajadores de los entes públicos. Para los primeros, UGT y CCOO lograron que el traslado sea voluntario (inicialmente sólo lo era para los funcionarios)y ayer aclararon algunos "flecos" sobre su carrera profesional y el mantenimiento de "derechos adquiridos".
Los resposables del sector público de UGT y CCOO, Antonio Tirado y Felipe Falcó respectivamente pusieron en valor los cambios logrados en octubre y ayer en un decreto al que inicialmente también se opusieron y que mantienen recurrido ante los tribunales hasta que los cambios realizados se publiquen en BOJA. Defendieron el diálogo y la legitimidad de la Mesa General porque el decreto afecta a externos y laborales además de a funcionarios y la Mesa Sectorial sólo se ocupa de éstos últimos. La actitud de CSIF es, a su juicio, "muy poco responsable como sindicato" y "sorprendente porque hasta ahora se había mostrado negociador". Minutos antes, en una asamblea improvisada a las puertas de Torretriana -donde les esperaban los funcionarios concentrados-, los responsables de CSIF instaron a continuar con las movilizaciones y a unir las fuerzas con el resto de sindicatos de funcionarios frente a la "traición" de UGT y CCOO. A su salida de la reunión, el responsable de UGT quiso lanzar un "mensaje a los empleados públicos que por una contaminación y desinformación de lo que está ocurriendo se están manifestando en contra". También la consejera, que lamentó el rechazo de CSIF a negociar, atribuyó las protestas de los funcionarios a que "están siendo objeto de manipulación". "Detrás de esto hay un ataque a los empleados públicos con el objeto de desprestigiarlos y reducir el empleo público como se está viendo en algunas comunidades", dijo.
El acuerdo de ayer será publicado "inmediatamente" en el BOJA y trasladado a enmiendas que el PSOE incorporará a los Presupuestos, que se aprobarán el 23 de diciembre. Las nuevas agencias y sus estatutos entrarán en vigor el 1 de enero, aunque sindicatos y Junta sí se darán más tiempo para negociar los protocolos de integración del personal.
