El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha mostrado su "confianza" en que los tres magistrados del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye entre otros el caso de los presuntos expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, lleguen a un "acuerdo" en el reparto de sus tareas, señalando que en última instancia será el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, el que "tiene la patata caliente" para resolver el aparente conflicto.
Así se ha pronunciado a pregunta de los periodistas en Sevilla por el hecho de que la juez titular Mercedes Alaya haya mostrado su intención de quedarse con todas las 'macrocausas' del Juzgado de Instrucción número 6 tras reincorporarse al mismo después de seis meses de baja por enfermedad, mientras que los dos jueces de refuerzo nombrados por TSJA, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes, pretenden entrar en el reparto de los asuntos.
El consejero ha asegurado que lo que conoce de esta cuestión es lo que se ha publicado en los medios de comunicación, señalando que es "lógico" que se plantee como "un conflicto de cara a la galería" mientras que se llega a un acuerdo.
Asimismo, ha reconocido que "de cara al exterior, no parece tener lógica" que Alaya instruya todas las causas existiendo dos jueces de refuerzo, pero ha subrayado que él, como miembro del Gobierno andaluz, no "debe entrar" en ese debate, sino que "en última instancia" será el presidente del Alto Tribunal andaluz el que debe resolver el "problema".
"Yo estoy convencido de que tratándose de tres magistrados de carrera llegarán a un acuerdo inteligente, y así lo esperará también desde luego el presidente del TSJA, que tiene la patata caliente", ha aseverado De Llera.
Como se recordará, el presidente del TSJA ha solicitado a la magistrada Mercedes Alaya que elabore un informe sobre el reparto de asuntos con los otros dos magistrados de refuerzo con que cuenta actualmente el juzgado, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes.
Según han informado fuentes judiciales, la intención de Alaya sería quedarse con la instrucción de la causa sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía; las relativas a supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario cometido supuestamente también en la lonja; y la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis Balompié, así como con las guardias, y mantener el apoyo "del juez o la jueza" --en referencia a Curra o Reyes-- para la gestión ordinaria del juzgado y la ayuda puntual que le pueda ofrecer en macrocausas.
