El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este viernes el decreto anunciado por su presidenta, Susana Díaz (PSOE-A), por el que se retiran a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IULV-CA, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica, que pasan a manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige la socialista María Jesús Montero.
El decreto, que ha entrado en vigor este mismo viernes, se publica a raíz de las diferencias surgidas entre los socios de gobierno tras la solución adoptada por Fomento para el realojo de familias de la Corrala Utopía en Sevilla y que ayer jueves provocó una reunión del comité de enlace PSOE-IU que culminó sin acuerdo tras doce horas de negociación que se retomará este viernes.
Díaz expresó ayer en el Parlamento que desde la Junta "siempre se va a actuar dentro del marco de la ley, de la igualdad y de la justicia social" y adelantó que "si se recupera la normalidad legal de la situación, evidentemente se podrá revisar el decreto".
En concreto, el decreto publicado en BOJA reestructura la distribución de competencias entre consejerías para retirar a Fomento y Vivienda y asignar a Hacienda y Administración Pública "las competencias y funciones relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica en los supuestos previstos en el artículo 12, apartados 5 y 13, del decreto 149/2006 de 25 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, en materia de vivienda protegida y suelo".
La disposición cuyas competencias se retiran a Fomento regula los criterios de selección de destinatarios de vivienda protegida con recursos económicos limitados y alude expresamente a los "realojos transitorios en viviendas protegidas derivados de actuaciones en materia de rehabilitación o motivadas por otras circunstancias excepcionales".
