Sí, diga lo que usted quiera pues puede ser que no le ocurra nada. Puede decir al presidente del Gobierno que es "cómplice de ETA", que "prepara los comunicados de la banda", que "asume su discurso", o que fomenta sus actividades. Le puede imputar conductas delictivas por una actuación legítima, como es iniciar conversaciones para intentar el fin de la violencia. Y lo puede hacer porque a juicio de la Audiencia Nacional esos calificativos se justifican por la injusticia que ello supone para la memoria de los afectados por el terrorismo de ETA. Es decir, una apreciación subjetiva se convierte en argumento decisivo para imputar delitos a un Presidente que, en el uso de sus facultades constitucionales, busca vías políticas para solucionar un problema que ha provocado muchas víctimas, y no todas representadas por el eximio Sr. Alcaraz. En este caso no se está en la sana crítica a la labor del gobierno, imprescindible para la democracia; ni siquiera en la crítica insana del que quiere desbancarlo a costa de todo; sino en la imputación de conductas con responsabilidad penal como si esta vía fuera el único cauce para la confrontación política. A falta de argumentos inteligentes, insultemos, que es más fácil. Habría que preguntar a esos jueces qué pasaría con la madre o el padre de una persona asesinada que comprueba cómo el presunto asesino es exculpado por argumentos técnicos perfectamente legítimos, y que, guiado por su indignación, dice que el juez ha actuado en connivencia con el acusado. ¿Justificaría tal barbaridad por la injusticia de ver traicionada la memoria de su hijo? Posiblemente no.
Sentencias como ésta no hacen justicia al caso enjuiciado, y ello ya es grave. Pero no deja de serlo menos su influencia en el debate político, por la forma y también por el fondo de cómo está discurriendo la confrontación en este terreno. Con resoluciones de este tipo se viene a legitimar comportamientos cada vez más extendidos entre los políticos del Partido Popular: que nos molesta lo que está haciendo el juez Garzón, le ponemos cuantas querellas sean necesarias para desviar la atención de la opinión política, aún a sabiendas de que ninguna va a prosperar; que un ministro nos incomoda, le acusamos de connivencia con dicho juez y con el jefe superior de policía; que un periódico publica documentos que evidencian un espionaje en el gobierno de la Comunidad de Madrid, decimos que es mentira, aunque eso no se lo crea nadie, ni ellos mismos. Y así nos hallamos ante un suma y sigue de imputaciones y descalificaciones en las que se mezcla todo. Fuera los argumentos; es más fácil decir que razonar; es más cómodo afirmar que el gobierno no está haciendo nada contra la crisis que rebatir cada una de sus medidas. Resulta más divertido recurrir a un cuento de correcaminos que fundamentar el rechazo, legítimo, al ministro de trabajo. Como no nos tienen acostumbrados a pensar, hay que utilizar recursos infantiles para que comprendamos algo tan complicado como que no se está de acuerdo con la gestión de un responsable político.
Pero estos comportamientos no son más que la deriva lógica de la irresponsabilidad política que se ha instalado en algunos políticos, que olvidando todo compromiso de lealtad y honestidad con la ciudadanía, con el respeto a la verdad y los valores democráticos, cifran su acción publica en suministrar titulares mediáticos con los que esconder su incapacidad para perseguir la corrupción.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide
