El fenómeno de la inmigración es complejo y sobre él se producen muchas y muy variadas opiniones, una situación que se reproduce en el Parlamento Europeo (PE): los grupos políticos que lo forman se mantienen divididos en torno a la directiva de retorno de inmigrantes en situación ilegal.
El texto acordado por los países de la Unión Europea (UE), que establece que en algunos casos los irregulares puedan ser internados hasta 18 meses antes de su expulsión y que no puedan retornar a la UE durante un periodo de hasta cinco años, será votado hoy por el Pleno de la Eurocámara, junto a las enmiendas presentadas por los grupos.
Por el momento, la directiva cuenta con el respaldo explícito del grupo Popular y de una mayoría del Liberal que, sumado al de los diputados más a la derecha del hemiciclo podría ser suficiente. Mientras, la izquierda se ha mostrado contraria a la actual redacción, aunque el grupo socialista aún no ha definido el sentido de su voto pues las distintas delegaciones nacionales mantienen posturas diferentes.
En nombre del Partido Popular Europeo (PPE), el español Agustín Díaz de Mera, aseguró que la directiva de retorno supone un "paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración".
Para los liberales, tercera fuerza de la cámara, el compromiso de los gobiernos "no es perfecto", pero va en la "dirección adecuada" y permite una mejora de la actual situación de los inmigrantes en situación irregular.
La socialista Martine Roure indicó que su grupo no apoya la directiva tal y como la han pactado los estados miembros porque la considera "insuficiente" para proteger los derechos de los inmigrantes.
Los socialistas han presentado un total de siete enmiendas a la propuesta, incluida una que aboga por que el período máximo de retención forzosa sea de seis meses, frente a los 18 previstos actualmente en la directiva que se votará hoy.
