Dos informes elaborados por Endesa el 18 de agosto de 2005 y el 25 de octubre de 2010 y elevados al Departamento de Proyectos, Obras e Infraestructuras de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla confirman la falta de suministro eléctrico existente en las parcelas sobre las que, a pesar de lo anterior, se concedió licencia de primera ocupación a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos'. Hay que recordar que este problema de electrificación fue uno de los principales obstáculos con que se encontró la anterior propietaria de los terrenos, la empresa Larena 98, a la que no se le otorgó la correspondiente licencia que posteriormente sí se dio a Sanma.
Así lo expone en un auto emitido el pasado día 12 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien investiga la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando, que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga, unas diligencias dentro de las que ya hay imputadas 16 personas, la última de ellas el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, candidato de IU-CA a la Alcaldía y exvicepresidente de la sociedad mixta Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos.
En este sentido, la representación jurídica del vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano, y del vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales, ambos imputados en esta causa judicial, habían elevado un escrito al Juzgado instructor solicitando una copia certificada del Colegio Oficial de Arquitectos para "clarificar" que las obras de urbanización de las parcelas ubicadas en Mercasevilla sobre las que Sanma ha construido naves se dieron por culminadas en septiembre de 2002, "fecha muy anterior" a la de otorgamiento de la licencia de obra, en julio de 2007.
Pues bien, la juez Alaya rechaza la práctica de esta diligencia de prueba y pone de manifiesto que por el Departamento de Proyectos, Obras e Infraestructuras se remitió copia de la solicitud remitida a cada una de las empresas suministradoras sobre el estado de las respectivas infraestructuras, siendo la respuesta de Endesa, el 18 de agosto de 2005, que las obras eléctricas "no se encuentran ejecutadas en su totalidad, pues falta la acometida de media tensión desde la subestación de Santa Elvira, lo cual impediría el suministro eléctrico".
DEFICIENCIA "DE GRAN MAGNITUD"
Al hilo de ello, y según recoge el auto emitido por la juez Mercedes Alaya, esta "deficiencia aún subsiste, según informe de Endesa de fecha 25 de octubre de 2010", lo cual, "lejos de ser una incidencia común, es calificada como de gran magnitud" por el jefe del Departamento, Luis Gómez Martínez.
De igual modo, en otro auto emitido el mismo día 12 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez rechaza la testifical de un responsable de Urbanismo planteada por la representación jurídica de la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilia Barrial Chamizo, ya que "los hechos que indiciariamente se le imputan parten de que dio trámite a la licencia solicitada por Larena pese al contenido del informe del jefe del Servicio de Proyectos, Obras y Actuaciones Infraestructurales de fecha 12 de abril de 2004".
En este informe, prosigue la juez, el jefe del Servicio de Proyectos "expone con claridad que 'las obras de urbanización de la UA-AE-4 de Mercasevilla se encuentran en ejecución, por tanto el otorgamiento de la licencia de obras y la correspondiente licencia de ocupación estará condicionada a que las obras de urbanización se encuentren concluidas'".
"Pese a ello, y conociendo presuntamente que las obras de urbanización no estaban concluidas, habiendo sido iniciadas las mismas en el año 2000, tampoco resolvió sobre la simultaneidad de las obras de urbanización y edificación, ni exigió aval que garantizara la finalización de las obras de urbanización antes que las de edificación, lo cual le correspondía a ella, según se deduce de la declaración del gerente de Urbanismo, Miguel Angel Millán, y de la propia declaración judicial de Barrial", apostilla.
CONOCIMIENTO DE LOS "GRAVES" PROBLEMAS DE LAS OBRAS DE URBANIZACION
Además, añade la juez, la imputada "conoció de manera explícita y reiterada los graves problemas que tenían las obras de urbanización por la ausencia de realización de las obras de infraestructura eléctrica, como así le pusieron de manifiesto los técnicos de Larena y la propia Endesa, pero, pese a conocer todo lo anterior y ante la posibilidad cierta de que pudiera concederse una licencia de edificación provisional a Larena, no comunicó tal extremo a la verdadera solicitante de la licencia, que era Larena".
Según asevera, todo ello "ha de ponerse en relación con la indiciaria facilidad que se le concedió a Sanma para la tramitación de la licencia de edificación, pese a conocer que subsistían los mismos problemas de ausencia de obras eléctricas, que todavía hoy, pese a haberse concedido la licencia de primera ocupación, siguen impidiendo el uso de las naves y locales construidos".
Además, indica que "sería ilustrativo que se compararan los expedientes de licencia de edificación de Larena y de Sando, y así observaríamos como, con independencia del conocimiento previo de la ausencia de las obras eléctricas, el expediente solicitado por Sando nunca se pasó a informe del Servicio de Proyectos, Obras y Actuaciones Infraestructurales, como de contrario ocurrió con el expediente de Larena nada más iniciarse".
