Dos juzgados de Cádiz vetaron en mayo y septiembre del año pasado las repatriaciones ordenadas por la Subdelegación del Gobierno de dos menores marroquíes tutelados por la Junta. Las expulsiones, firmadas tras la solicitud de la Consejería de Igualdad, fueron dictadas en agosto de 2007 y dos juezas las consideraron irregulares.
Las últimas repatriaciones de menores extranjeros no acompañados en Andalucía se realizaron en 2003. La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social ha achacado este parón a la "escasa" colaboración del Gobierno de Marruecos -de donde procede más del 90% de estos menores- y ha rechazado siempre cualquier repatriación que no sea para devolver al menor a su entorno familiar, si bien la Junta sólo propone su devolución puesto que la orden de repatriación es competencia exclusiva del Gobierno central. Los menores cuya repatriación fue anulada en los tribunales nacieron en 1990 y 1991 y estaban acogidos en el centro de El Cobre, en Algeciras. La Fiscalía de Extranjería de Cádiz, tras conocer sus resoluciones de repatriación, interpuso sendos recursos y el año pasado dos juezas de Cádiz ordenaron revocar las órdenes de expulsión al considerarlas irregulares. La Subdelegación del Gobierno en Cádiz rehusó valorar estos fallos judiciales.
Las sentencias coinciden en que en ninguno de los dos casos la Subdelegación cumplió con el trámite exigido por la legislación de dar audiencia a los menores ni existían las garantías (por parte del Gobierno ni de la Junta, señalan las juezas) de que el menor fuera reagrupado en su familia o tutelado adecuadamente por los servicios de menores de su país.
En el caso del primero de los menores, firmó la repatriación aun cuando el Consulado de Marruecos en Algeciras informó a la Subdelegación de que el marroquí era "huérfano de padre y pertenece a una familia (madre y tres hermanos) con situación económica muy precaria y un ambiente desestructurado", según reza la sentencia. "No consta que al menor se le haya dado traslado ni se le haya notificado la resolución de repatriación", añade.
La jueza apunta también que, en este caso, la repatriación se adoptó "sin recabar [por parte de la Subdelegación] el preceptivo informe de los servicios de protección de menores" y sin que en el expediente de la Subdelegación se haya recabado la información previa sobre el menor de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, documentación "preceptiva, que no existe en el expediente de la Subdelegación", señala el fallo judicial.
Respecto a la repatriación del otro marroquí, la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz, señala que el trámite del informe social "desde una perspectiva estrictamente formal" fue cumplido por la Junta, si bien cuestiona "la suficiencia de dicho informe a los efectos de fundar la resolución de repatriación".
Si desde 2003 Andalucía no repatría a ningún menor extranjero no acompañado, en España no ha sido así. La Junta explica esto en la diferencia de criterios de las distintas subdelegaciones del Gobierno central así como de las Fiscalías de Menores y de Extranjería en cada provincia.
Según datos de la última memoria presentada por la Fiscalía General del Estado en septiembre del año pasado (con datos de hasta 2007) en 2006 se repatriaron en España 111 menores (81 de ellos a Marruecos) y en 2007, 18 (13 a Marruecos y el resto a Ucrania, Paraguay, Bolivia y Colombia).
En su memoria, la Fiscalía ya alertó que "de los expedientes de repatriación que se estaban tramitando hasta este año [2007, por lo que la Fiscalía incluye aquí el de los dos menores de Cádiz] se ha podido constatar un incumplimiento, preocupantemente frecuente, de los trámites esenciales y garantías del procedimiento".
El Ministerio Público hace hincapié en la audiencia al menor y recuerda que es "un trámite imperativo", aunque reconoce que "ha sido incumplido en muchos procedimientos de repatriación".
Respecto a datos de repatriaciones efectuadas durante el año pasado, la Fiscalía los hará públicos en septiembre u octubre, cuando presente su memoria de 2008. Los dos ministerios competentes en la materia, el de Interior y el de Trabajo e Inmigración (en el que se inserta la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración), no ofrecen cifras al respecto puesto que cada ministerio le atribuye al otro la competencia sobre la comunicación pública de estos datos.
