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Ecologistas avisa de que la SE-35 es tan ilegal como la biblioteca del Prado

La jurisprudencia exige para modificar una zona verde, el parque del Tamarguillo, una justificación excepcional. La circunvalación ya no existe en los planes de Mairena del Aljarafe y Salteras, según Ecologistas en Acción.

el 02 dic 2013 / 14:06 h.

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Vecinos de Alcosa protestaron en marzo porque el trazado de la SE-35 divide el parque del Tamarguillo. Vecinos de Alcosa protestaron en marzo porque el trazado de la SE-35 divide el parque del Tamarguillo.   Ni es ya una carretera metropolitana, ni está justificado que parta en dos una zona verde como el Parque del Tamarguillo, ni es un proyecto necesario por su alto coste, tanto económico como medioambiental. Ecologistas en Acción presentó el pasado viernes sus alegaciones al proyecto técnico del primer tramo de la SE-35, el que daría acceso a la nueva tienda de Ikea junto al aeropuerto, y exigió que el Ayuntamiento de Sevilla abandone “definitivamente el proyecto”. Entre otras razones, porque podría ser tumbado por los tribunales igual que la biblioteca del Prado. Laura Soler, coordinadora de Ecologistas en Acción- Sevilla, explicó ayer a esta redacción que el PGOU no estableció ninguna justificación razonada para ocupar más superficie del Parque del Tamarguillo y para establecer una ordenación que contradice la del Plan Especial. “Hay una amplísima jurisprudencia, como la sentencia del Tribunal Supremo sobre la biblioteca del Prado –cuyo esqueleto fue demolido– o la del tanque de tormentas de Sevilla Este, que exige para modificar una zona verde una motivación excepcional”, defendió tras añadir que debe acreditarse y justificarse que la elección de construir en ese parque no admite alternativa alguna. Los conservacionistas consideran que la obra sería un despilfarro de dinero público, que destruiría inversiones europeas recientes y que sólo llevaría tráfico a un espacio que ha sido tomado por los ciudadanos. “El proyecto –denunció– sólo plantea facilitar el acceso a un centro comercial en detrimento de los vecinos”. En concreto, el Ayuntamiento sacó a información pública el proyecto técnico del tramo entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008, entre Sevilla y Brenes, un proyecto clave para que la multinacional Ikea abra su segunda tienda en Sevilla en los terrenos de San Nicolás Oeste. De hecho, éste es uno de los proyectos enquistados de la ciudad. Por ahora, ni se cumplen los plazos ni los compromisos. En septiembre de 2012 la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), acordaron destinar 50 millones de euros a la obra: 37,5 del Consistorio y 12,5 del Gobierno central. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 incluyen sólo un millón de euros. A todo esto, según Ecologistas en Acción (que pide a Demarcación de Carreteras del Estado que no autorice el proyecto), hay “contradicciones” entre los planes urbanísticos de la Junta y los municipales, por lo que estos últimos deben adaptarse a los andaluces. Urbana o metropolitana La SE-35 no figura ni en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana”, aseguran los ecologistas, por eso municipios como Mairena del Aljarefe y Salteras –que sí se han adaptado a los planes subregionales– han eliminado la SE-35 de sus planeamientos. La justificación de que es una circunvalación metropolitana, por tanto, ya no sería válida. Y es que la SE-35 se pintó en el PGOU de 2006 como una carretera entre la SE-30 y la SE-40 que se extendería por Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Gelves, Mairena del Aljarafe, Salteras... (según rezaba en el PGOU de 2006), pero por ahora se reduce a tres kilómetros de carretera urbana para, sobre todo, dar servicio a un centro comercial. Por eso Soler pidió que se revise su diseño. Además, Ecologistas en Acción alega que si el Ayuntamiento quiere construir en el Parque del Tamarguillo necesita aprobar antes una modificación del PGOU que, al afectar al “sistema general de espacios libres”, requiere de la aprobación de la Junta y del informe favorable del Consejo Consultivo andaluz.  

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