Ecologistas en Acción ha denunciado al Ayuntamiento de Marbella por no revisar más de un millar de licencias urbanísticas ilegales dictadas por diferentes gobiernos del GIL. La asociación considera que el consistorio ha incurrido en un delito de prevaricación administrativa.
Desde el equipo de gobierno del Partido Popular aseguran que esperarán a la aprobación definitiva del PGOU de la ciudad para llevar a cabo el estudio de esas concesiones.
La denuncia fue presentada el pasado lunes por Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Málaga. Según la ONG, esta acción supone el inicio de una campaña para "evitar que las administraciones locales permitan que las obras con licencias irregulares o nulas sigan adelante por la inoperancia de los ayuntamientos". Además, en su escrito hace hincapié en que tanto la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía como el Grupo Municipal Socialista en Marbella y los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento marbellí vienen solicitando "sin éxito" la revisión de estas licencias desde el pasado verano.
Según recoge la denuncia de la asociación ecologista, "no iniciar y tramitar un expediente de revisión de oficio es simplemente ignorar deliberadamente lo que la ley establece, dejar de hacer algo obligado, permitir por la vía de inactividad que los actos ilegales sigan generando efectos". En concreto, estos 1.000 expedientes de licencias irregulares, entre los que se encuentran también acuerdos urbanísticos, fueron dictados por distintas corporaciones del GIL o derivadas de esta formación política entre julio de 1991 y marzo de 2006.
Defensa. La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Kika Caracuel, defendió: "No nos oponemos a revistar estos expedientes, pero ahora se está tramitando el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad y lo más prudente y responsable es esperar a que se apruebe definitivamente". La concejala popular indicó que el nuevo PGOU "dará cobertura legal a muchas de estas licencias" y añadió que buena parte de estos autorizaciones "están sumidas en un proceso contencioso administrativo y a la espera de que un tribunal dicte sentencia para establecer si son legales o no".
