El plus por antigüedad -que se cobra cada tres años y aumenta progresivamente- era exclusivo para el salario de los funcionarios hasta 2007. Ese año se aprueba la ley del Estatuto Básico del Empleado Público que, por orden de la UE, extiende el derecho a cobrar trienios a todo el personal interino. Pero España sólo lo admite desde que entra en vigor la ley: el 13 de mayo de 2007. Los interinos empezaron a movilizarse y a reclamar en los tribunales de lo Contencioso Administrativo el cobro retroactivo de los trienios.
Los abogados que los defienden se acogieron a la directiva de la UE de 1999, que establece que "no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los fijos". Esa directiva se transforma en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas, que insta a los países miembros a acatar estos preceptos antes del 10 de julio de 2001. España lo incumple hasta la entrada en vigor del Estatuto Básico y, aún así, sigue sin admitir el pago retroactivo.
El Gobierno y las comunidades sólo reconocen el derecho a partir de 2007, pero los jueces andaluces han empezado a dictar sentencias firmes en contra de ese criterio, obligando a Andalucía a pagar "cientos de miles" de euros en concepto de trienios atrasados. Educación viene pagando esos atrasos, por orden judicial, desde hace dos años, según fuentes de la consejería que lo califican de "sangría" a las arcas de la Junta. Las sentencias favorables revisadas conceden cantidades individuales que oscilan entre los 6.000 y los 13.000 euros, según los trienios acumulados que reclamó cada interino y del grupo de clasificación al que pertenece (grupo A: licenciados, Grupo B: diplomados, etc).
No obstante, la ley de Hacienda Pública establece que la administración sólo está obligada a liquidar las deudas de los últimos cinco años -las anteriores a esa fecha prescriben-: los trienios atrasados que admiten los jueces tienen como tope el 2005. Los demandantes son docentes y médicos interinos del SAS de Granada, Málaga y Sevilla.
Los empleados temporales llevan años denunciando la "discriminación" que sufren respecto a sus compañeros de carrera. La Ley de Ordenación de la Función Pública Andaluza, de 1985, afirma que "los interinos percibirán las retribuciones que se deriven de su puesto de trabajo, sin que en ningún caso tengan derecho a la consolidación ni percepción de trienios".
La batalla judicial afecta tanto a la administración central como a las regiones. Pero sólo dos entidades -una de ellas la Junta de Andalucía- han elevado un "recurso de casación en interés de ley" ante el Tribunal Supremo, para que siente doctrina sobre el asunto de los pluses por antigüedad y "frene la sangría" en sus cuentas. Todos los interinos, sustitutos y eventuales de la Junta con cierta antigüedad son potenciales demandantes de los trienios atrasados.
El fallo del Supremo podría llegar tarde. El pasado 22 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE resolvió una demanda presenta por una interina de Galicia que reclamaba sus trienios atrasados. La doctrina da la razón a la maestra, reconoce la aplicación retroactiva del derecho a los trienios y somete al Estado y sus leyes a la jurisdicción comunitaria. El fallo crea jurisprudencia. Cualquier interino andaluz que ahora se acoja a esta resolución obligará a la Junta a abonarle los pluses atrasados.
Escondiéndose del derecho europeo
España tardó ocho años en reconocer a los interinos los mismos derechos de antigüedad (incluido el salario) que tenía el personal de plantilla. La jurisprudencia europea estableció el principio de “no discriminación” en 1999, y España no lo asumió hasta que aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007. Y ni siquiera entonces acepta el carácter retroactivo de la norma europea.
Cuando, años después, los jueces andaluces se encuentran con las demandas de los interinos, se preguntan por qué y dudan de si una directiva europea es aplicable al personal temporal de la Junta. ¿Por qué tanto tiempo? Una de las razones es que en aquellos años, la tasa de interinos de la administración pública era obscenamente gruesa.
En 2007, los interinos representaban casi el 20% del profesorado andaluz.
“No es probable que el Supremo contradiga la doctrina que el tribunal europeo dictó el pasado septiembre, porque el conflicto jurídico-procesal sería monumental. Pero, aunque lo hiciera, las sentencias favorables que son firmes no serán reabiertas aunque el Supremo falle a favor de la administración”, explica Juan Miguel Aparicio, abogado que ha logrado recuperar los trienios de varios interinos a los que ha defendido.
El pago de todos los trienios atrasados por orden judicial podría desestabilizar seriamente el presupuesto autonómico. Además, el Tribunal Superior de Justicia Andaluza y varios juzgados de lo Contencioso han empezado a reconocer el derecho de los interinos a cobrar los sexenios, otro complemento en el salario que es exclusivo de los funcionarios y que reconoce un periodo de formación voluntaria durante seis años. Los sexenios oscilan de 71 a 451 euros.
