Las otras cuatro unidades corresponden a los colegios de educación diferenciada de la capital Altair (2) y Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes (Carmona) a los que se les ha retirado la subvención para las nuevas plazas al no aceptar hacerse mixtos (los otros cuatro centros de educación diferenciada afectados son de FP, cuyo proceso de escolarización se abre más tarde, y el Ribamar, que tiene ESO pero asume a las alumnas del Ángela Guerrero). El delegado de Educación, Francisco Díaz Morillo, aseguró que en las zonas de estos centros hay plazas públicas suficientes para asumir al alumnado nuevo.
Así, en la capital, no hay pérdida de plazas por causas demográficas. De hecho, en el Centro (una de las zonas con más problemas porque de los 22 colegios sólo 5 son públicos y 17 concertados) Educación ha consolidado la segunda unidad de Infantil (50 plazas) en el Huerta de Santa Marina, el más demandado de la zona y donde siempre ha tenido que subir la ratio o crear una clase más a última hora. Además, las obras del Nuevo Recaredo, en la zona de Jardines del Valle, permitirán que ya cuente con dos unidades.
El mapa de escolarización se mantiene con 11 zonas tras la división este curso del Centro y San Jerónimo, después del experimento de unión realizado el curso 2011/12. Sí habrá cambios en Mairena del Alcor, cuyos centros pasan a agruparse en 3 áreas en vez de siete.
El Príncipe de Asturias de la capital dejará progresivamente de albergar ESO y para el nuevo curso los alumnos de 1º y 2º de Secundaria serán derivados al IES Torreblanca, que absorbe así escolares de seis colegios de la zona. El otro instituto del barrio, el Siglo XXI, cuyo cierre anunció Educación, finalmente se mantendrá el próximo curso con los alumnos procedentes del colegio Menéndez Pidal y los Programas de Capacitación Profesional Inicial (PCPI), a la espera de ampliar su oferta a módulos de FP para hacerlo viable.
El IES Las Aguas, en el Polígono de San Pablo, cerrará definitivamente y los alumnos de los colegios adscritos pasarán al Joaquín Turina y al IES San Pablo. El delegado anunció que el edificio "seguirá teniendo uso educativo", aunque no concretó. Tres institutos de la provincia, María Galiana (Montequinto), Juan Antonio Carrillo Salcedo (Morón) y Virgen de la Soledad (Pilas) incorporarán nuevos Bachilleratos.
La Junta mantendrá los precios públicos del comedor, el aula matinal, el bus y las extraescolares. El delegado recordó que el 80% de las familias tienen bonificaciones. En cuanto a la plantilla docente, defendió que pese a los límites a la contratación impuestos por el Estado, más del 90% de los 1.500 interinos que se quedaron fuera al inicio de este curso ya han trabajado cubriendo bajas y vacantes.
No hay aprobados "políticos"
El delegado de Educación, Francisco Díaz Morillo, defendió ayer que la decisión de la Comisión de Revisiones de aprobar a dos alumnos del IES Los Álamos (Bormujos)y el colegio Aljarafe (Mairena), en contra de sus profesores y las direcciones de ambos centros que denunciaron los hechos, es "absolutamente técnica, no política", fruto de "un proceso garantista y legal para los profesores pero también para los alumnos". Defendió que los informes técnicos de la Comisión eran "argumentados y justificados, si no los hubiera firmado, habría prevaricado", y lamentó el debate generado -"habría que ver si de forma interesada o no", dijo-. Para evitar "especulaciones" instó a los Consejos Escolares de ambos centros a hacer públicos los informes "excepcionalmente" para evitar la imagen de que el sistema "fuera una especie de tómbola donde se dan títulos con tres suspensos" que "hace un daño tremendo a la credibilidad de los profesores, la administración y la falta de garantías de los alumnos".
El delegado de Educación, que reconoció que su primera preocupación fue que alguno de los alumnos fuera militante del PSOE, defendió que el sistema permite a cualquiera reclamar la revisión y la Comisión valora los "objetivos de aprendizaje y las competencias básicas" para cada nivel según una "evaluación continua" y teniendo en cuenta "las condiciones especiales de aprendizaje" en un sistema que aspira a la "justicia social" y "al que más lo necesita, más tenemos que ayudarle". No quiso entrar en datos de la situación social de los alumnos pero señaló que "le gustaría" y "rogaría" a los centros - uno de ellos ha recurrido a la vía judicial contencioso-administrativa- a hacer públicos los informes técnicos que contextualización la situación de los alumnos afectados.
El delegado defendió el respaldo de la Junta a todos los docentes del sistema así como el funcionamiento de un sistema garantista. Recordó que el curso pasado hubo 290 reclamaciones, se estimaron 55 y solo dos han generado polémica.
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