El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla ha fijado para el 22 de septiembre de 2014 la vista previa contemplada en las diligencias correspondientes a la demanda por daños y perjuicios promovida por el colectivo de adjudicatarios de las casi 600 viviendas protegidas promovidas, en Sevilla Este, por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Mediante esta demanda, según han informado a Europa Press fuentes del caso, los afectados reclaman a la citada Fundación 1,1 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de las viviendas y los efectos del no aprovechamiento de las mismas, en el que constituye uno de los mayores conflictos de la provincia de Sevilla en materia de vivienda protegida.
Estas viviendas protegidas fueron promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, participada únicamente por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios había entregado unos 17.000 euros de media en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. En 2009, las obras fueron paralizadas a cuenta de las dificultades financieras de la sociedad Dolmen Consulting Inmobiliario, encargada de la gestión de la promoción de viviendas. Aunque inicialmente la entrega de las viviendas estaba programada para 2010, no fue hasta 2012 cuando fueron entregadas las 73 únicas viviendas terminadas hasta el momento, pues las restantes 510 esperan aún la finalización de su construcción.
El préstamo a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como banco malo, asumió este préstamo y ha denunciado ante la Fiscalía la falta de justificación del destino de los fondos, ya que las cuentas arrojan un desfase de entre 12 y 14 millones, fruto del crédito de 50 millones de Bankia y los 36-38 millones en que está valorada la obra, ejecutada al 95 por ciento. Cantidad a la que sumar los 9,5 millones adelantados por los futuros propietarios.
La Sareb también ha solicitado al juzgado de lo Mercantil que la Fundación sea declarada en concurso de acreedores.
El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha imputado al actual presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y a otros directivos de la CEA, como Antonio Carrillo y Juan Salas Tornero, que están citados a declarar en marzo, por la denuncia de siete empresas proveedoras como consecuencia del impago de 600.000 euros por sus servicios.
Unos 200 adjudicatarios ya han emprendido los trámites necesarios para renunciar a las viviendas y reclamar la devolución de las partidas entregadas por anticipado.
