La Consejería de Economía y Hacienda hizo ayer pública la lista de terrenos que el Estado ha transferido a la Junta de Andalucía como pago en especies de la deuda histórica. Son 18 solares que ocupan una superficie de 330 hectáreas repartidas por cinco provincias -Huelva, Córdoba y Málaga quedan excluídas-. Sin embargo, la práctica totalidad de los terrenos cedidos pertenece a una delimitación del litoral almeriense conocida como El Toyo II, parte del cual (hasta 224 hectáreas) está dentro de un espacio natural protegido y calificado como Lugar de Interés Comunitario (zona LIC) por la Unión Eurooea. El nombre de este área es Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Almería -que aún está pendiente de aprobar- recoge la misma calificación de los suelos de El Toyo II: sólo 90 hectáreas de las 314 que ocupa son urbanizables. El concejal de Urbanismo, Juan Megino (GIAL), confirmó ayer que "está prohibido edificar en esta zona protegida". Significa esto que el 67,87% de todo el suelo estatal transferido a Andalucía carece de valor comercial, porque por ahora no se puede urbanizar ni hacer negocio con él. Esto dificultaría los planes del Gobierno andaluz, que esperaba revender parte del suelo de la deuda histórica para reinvertir las ganancias en educación, sanidad y vivienda. Con todo, la calificación de zona LIC no excluye del todo la posibilidad de edificar, ya que el grado de protección medioambiental no es el mismo siempre. La consejería de Economía no quiso ayer adelantar sus planes para este paraje.
Casi todos los suelos cedidos están en Almería (326 de las 330 hectáreas). Además de la superficie protegida, se han traspasado algunas parcelas de El Toyo I, una zona de expansión urbanística que está a 15 kilómetros de la capital en dirección Cabo de Gata. Parte del suelo era municipal, y el Ayuntamiento reconoce que "hizo mucho dinero vendiéndolo a promotores privados". Después aprobó un plan parcial que permitió construir allí cinco hoteles de lujo, un campo de golf, un hospital de alta resolución y todo un complejo turístico residencial. La Junta ha obtenido en El Toyo I 128.856 metros cuadrados de parcelas donde se podría construir tras una modificación del plan parcial.
Sin embargo, El Toyo II es "un paraje virgen junto al litoral" mucho más extenso. Sólo 90 hectáreas están calificadas en el PGOU como "urbanizables no sectorizadas", lo que significa que en esa pequeña zona se puede edificar, pero aún no ha sido programada la construcción. Sería preciso un plan parcial, aunque el Consistorio de Almería ya ha advertido de que no dejará que la Junta haga VPO en una zona de viviendas de lujo, hoteles, piscinas y campos de golf. El resto de solares están en los cascos urbanos de Cádiz, San Fernando, Granada, Jaén y Sevilla (éste último próximo a Alcampo).
La Junta anunció que los solares cedidos permitirían construir 4.000 VPO, aunque en el acuerdo hay suelo para mucho más. Previsiblemente la Junta buscará vender el terreno a promotores privados para ingresar dinero "contante y sonante" con el que poder invertir en las áreas sociales para las que se reclamó el dinero de la deuda.
El Estado todavía adeudaba 784 millones a Andalucía por los déficit con los que transfirió en los 80 las competencias en educación, vivienda y sanidad. El Estatuto andaluz obligaba al Estado a zanjar la deuda antes del 20 de marzo, y la pasada semana se cerró el acuerdo para que el dinero que faltaba por pagar se saldase íntegramente en especies. Además de los solares, el Gobierno cedió los activos de Agesa en la Expo'92, con un patrimonio neto de 150 millones de euros al año (que Economía eleva a 300).
La consejera Carmen Martínez Aguayo exigió que se volvieran a tasar todos los terrenos para que el valor real de los mismos se ajustase al dinero que faltaba. La última tasación se hizo hace año y medio, cuando el mercado inmobiliario disfrutaba de mejor salud que ahora. La oposición, PP e IU, se ha lanzado en bloque contra la Junta, acusándola de haber incumplido el Estatuto por aceptar el pago de la deuda en especies, y recurrirán el acuerdo en los tribunales. El PSOE impidió ayer en el Parlamento la convocatoria de un Pleno extraordinario sobre la deuda histórica.
