Casi el 80 por ciento de los españoles se declara católico pero sólo el uno de cada cuatro ciudadanos asegura que marca la casilla de la renta que destina un porcentaje de sus impuestos a la Iglesia católica, según se desprende en dos estudios del Centros de Investigaciones Sociológicas (CIS), entregados hoy en el Congreso y recogidos por Europa Press.
En el barómetro de septiembre, en el que se entrevistaron a 2.500 personas, el 78,5 por ciento de los entrevistados se considera católico, uno de cada diez no creyente, el 5,2 por ciento ateo y el 1,7 creyente de otra religión.
Esta encuesta refleja que más de la mitad de los españoles (56%) casi nunca asiste a misa u otros oficios religiosos (sin contar las bodas, bautizos, comuniones y funerales), el 16,7 por ciento dice acudir varias veces al año, el 9,6 por ciento una vez al mes y el 2,1 por ciento en varias ocasiones a la semana.
Paralelamente, en la encuesta sobre opinión pública y política fiscal, realizado en julio por el CIS a otras 2.500 personas, se señala que el 18,5 por ciento de los españoles marca exclusivamente la casilla que destina un 0,7 por ciento del IRPF a financiar a la Iglesia católica, mientras que el 6,1 por ciento marca las dos casillas: la que asigna ese dinero a fines sociales y a la Iglesia.
En este sentido, el tres de cada diez encuestados asegura que designan es cantidad únicamente a fines de interés social, mientras que otros tres de cada diez dicen que no marcan ninguna casilla.
En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2009, presentado a finales de septiembre en el Congreso, se recoge que el Estado abonará mensualmente 13 millones de euros a la Iglesia católica (156 millones de euros al año) como anticipo del dinero que previsiblemente le entregarán los contribuyentes que marquen la casilla destinada a esta institución.
El proyecto de ley señala que antes del 30 de noviembre de 2010, el Estado efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente 2009, siendo la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2011.
En ambas liquidaciones se procederá por las dos partes a regularizar el saldo existente, de modo que si la Iglesia recibió anticipadamente más dinero del que luego le han concedido los contribuyentes, se lo devuelva al Estado, y viceversa.
El Gobierno y la Iglesia llegaran a un acuerdo en 2006 para crear un nuevo modelo de financiación, que se aplica desde 2007, y que -por un lado- suprime la dotación directa del Estado a la Iglesia y -por otro- eleva del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento la asignación voluntaria que el ciudadano hace a esta institución a través de su declaración de la renta.
Desde aquél acuerdo, la Iglesia tiene que presentar anualmente al Ejecutivo una memoria económica en la que se justifique el gasto realizado con el dinero que le han otorgado los contribuyentes.
En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2008 se fijó que el Estado debe estar entregando este año a la Iglesia una media de 12,7 millones de euros mensuales, algo menos que los 13 millones de euros al mes que se entregarán el próximo año.
