Bajo la firma de Villaindignación, vecinos de Villaverde del Río con su Ayuntamiento y su alcalde, Santiago Jiménez (IU), al frente ocuparán mañana a las 10.00 horas una promoción de pisos que están sin terminar. Son familias con todos o algunos de sus miembros en paro y jóvenes que no pueden independizarse por falta de medios. Son demandantes de viviendas, esos "artículos de lujo", tal y como los define el alcalde, en los que se han convertido los lugares para vivir.
Después de realizar varias asambleas, en la última de ellas celebrada en el mes de enero se tomó la determinación de la ocupación del inmueble, ubicado junto al recinto ferial. Con una pancarta y un acto simbólico de levantamiento de paredes exteriores, estos indignados reclamarán a la Junta de Andalucía apoyo económico para que el Consistorio se apropie de la promoción y pueda ser terminada con mano de obra local.
"Esperamos que vengan a apoyarnos de colectivos como el 15-M" de La Rinconada, apunta el concejal de Empleo y Participación Ciudadana, Antonio Ruiz Martos. Colectivo que ya asistió a la asamblea para confirmar su apoyo junto a otros como el Sindicato de Estudiantes. Con ellos y los más de 50 vecinos que votaron "sí" al acto reivindicativo, desde el Ayuntamiento esperan reunir a un centenar de personas. El objetivo del equipo de Gobierno es "que llegue a otros pueblos" para que se unan a la medida.
La promoción, compuesta de 58 pisos, se encuentra en situación de embargo y sin terminar. Según Jiménez, el edificio pasaría a "ser público" y el Ayuntamiento actuaría como promotor. "El modelo que se propone es totalmente viable", señala el regidor, porque la financiación correría a cargo "de la financiera en un 80% y el 20 restante saldría de las ayudas" previstas en la ley para las viviendas de protección oficial. Una vez estén finalizadas las viviendas, saldrían con un precio de venta que no superaría "el 30% de los ingresos del trabajador".
Deuda. El equipo de gobierno anterior, formado en coalición por PP y PSOE, sacó a concurso los terrenos y los vendió a la promotora Guadasol Promociones Inmobiliarias en el año 2006 por 660.000 euros, según el actual Gobierno. Esa promoción, que en principio iba a salir en régimen de VPO "en condiciones engañosas", puesto que los pisos salían a más de 122.000 euros, nunca se terminó por la quiebra de la empresa y posterior embargo por parte de un banco. La empresa promotora debe al Ayuntamiento, según el regidor, casi un millón de euros en concepto de licencias de ocupación de vía pública, sanciones y otras tasas municipales.
Con esta movilización, Jiménez pretende que sirva de ejemplo y desencadene movimientos similares en otros pueblos "donde en mayor o menor medida padecen situaciones prácticamente idénticas de imposibilidad de acceso a una vivienda, desempleo y al mismo tiempo existen miles de proyectos en paralizados y en bancarrota como éste, sin solución de continuación y que en manos públicas podían ofrecer trabajo y vivienda en condiciones preferentes" .
