El aumento de la jornada lectiva de los profesores de Secundaria, una medida impuesta por el Gobierno central a las comunidades autónomas, no sólo ha dejado sin trabajo a casi 5.000 profesores interinos en Andalucía. También ha dejado por ahora sin plaza a más de medio millar de funcionarios docentes provisionales (539 en total), profesores sin destino definitivo que a estas alturas, con las plantillas de los centros cerradas para el próximo curso, no tienen plaza asignada en un instituto porque otros compañeros han asumido sus horas de clase al aumentarse la jornada lectiva.
El Gobierno aumentó de 18 a 20 el mínimo de horas que debía impartir un profesor de Secundaria a la semana. Era una medida de ahorro en personal, para que el mismo trabajo se repartiera entre menos docentes funcionarios, y así tener que colocar a menos interinos. Al intentar cuadrar las plantillas para el curso que viene, la Consejería de Educación y los directores de instituto se han encontrado con que no sólo se quedan sin hueco miles de interinos, también hay cientos de funcionarios con derecho a plaza que todavía no tienen destino asignado, y a los que la Junta "debe garantizar su puesto de trabajo el próximo curso", señalan desde la consejería.
La planificación de las plantillas se hace siempre en verano y suele ser un sudoku complicadísimo. A cada centro se le asignan un número de horas lectivas en función del alumnado que reciban. A veces cae el porcentaje de matriculados, y entonces una escuela pierde profesores: o bien son "desplazados" a otros colegios o bien se les pide impartir "asignaturas afines", es decir materias en las que no están especializados, pero que tienen alguna relación con su especialidad.
Mil desplazados. Cuando el Gobierno aumentó la jornada lectiva semanal en la ESO, tanto la consejería como los sindicatos de enseñanza temieron que el efecto inmediato fuera el desplazamiento de miles de profesores de sus puestos de trabajo fijo y la supresión de plazas que ya no serían necesarias. En parte, ése era uno de los objetivos de la medida: amortizar el horario de trabajo de los profesores funcionarios para ahorrarse interinos.
Inicialmente, el número previsto de profesores desplazados en Andalucía a causa del aumento de la jornada lectiva ascendía a más de mil docentes. Según la consejería, ese número se ha logrado reducir considerablemente "gracias al esfuerzo de los directores y al trabajo de la Inspección educativa": de momento sólo se contemplan 35 profesores desplazados en septiembre. Estos se topan con un problema añadido. El portavoz de CCOO en la enseñanza, José Blanco, recuerda que "para los desplazamientos cuenta la antigüedad en el cuerpo, no en el centro, y suele pasar que un docente recién llegado eche a otro que lleve más tiempo, simplemente porque pesa más el tiempo que llevas impartiendo Matemáticas no el tiempo que llevas dando clases en tu escuela".
Los directores han buscado el equilibrio a la hora de repartir los horarios para paliar el perjuicio: reubicando a los profesores sin horario en los institutos más próximos (un acuerdo sindical obliga a buscar plaza a un profesor desplazado en un radio inferior a 50 kilómetros) o manteniéndoles en su centro con una asignatura afín o con optativa con la que esté familiarizado.
Y aún así siguen sin tener hueco en ningún instituto 574 profesores funcionarios provisionales (profesores que han sacado la plaza pero aún no tienen destino definitivo): los 35 que venían impartiendo clases en su centro y serán desplazados a otras escuelas (tres de esos 35 han aceptado voluntariamente que sus puestos se supriman) y los 539 funcionarios que todavía esperan que les asignen plaza.
Educación cree que esos huecos aparecerán cuando los datos de matriculación provisional pasen a ser definitivos. Entonces suele cambiar el número de estudiantes y eso modifica la asignación de horas lectivas en algunos centros. También será determinante el excedente de horas de trabajo que dejarán libres los profesores mayores de 55 años, que pueden acogerse voluntariamente a una reducción horaria. La consejería insiste en que "se les garantizará un puesto a los 539 afectados", pero reconoce que el número de funcionarios que aún no tiene asignada la plaza a estas alturas es inusual y lo atribuye al "duro impacto" que han provocado las medidas de ahorro del Ministerio de Educación. La Junta las recurrirá ante el Tribunal Constitucional por "invadir competencias" e "infringir" artículos de la Carta Magna. La previsión es lograr encajar a esos 539 profesores afectados antes del mes de agosto. Los perjudicados volverán a ser los interinos, ya que las primeras plazas libres que queden serán para esos funcionarios sin destino, que tendrán prioridad sobre los temporales.
