La ley de vivienda ya ha superado el último trámite antes de su aprobación. El aval del Consejo Consultivo, que reconoce a la comunidad la competencia para legislar este derecho, que podrá reclamarse en los tribunales, despeja el camino para que la Junta dé luz verde a la norma. Lo hará previsiblemente la tercera semana de mayo.
La Junta aprobará la ley del derecho vivienda, una de las normas estrella del Ejecutivo, a mitad del mes que viene, para que pueda ser enviada al Parlamento inmediatamente después. La norma, prometida la legislatura pasada y que ha acumulado varios retrasos en este mandato, ya tiene el visto bueno del Consejo Consultivo. El dictamen de este órgano, al que ha tenido acceso este periódico, es la última formalidad a la que se ha sometido el texto, que llegó por primera vez al Consejo de Gobierno el 4 de noviembre de 2008. El Consultivo concluye que la comunidad autónoma "tiene competencia para dictar la ley".
En octubre del año pasado, la Consejería de Vivienda solicitó al Consultivo un primer informe que definiera qué es el derecho a la vivienda. El organismo concluyó que no se podía entender como el derecho a un piso en propiedad, sino a que las administraciones "creen las condiciones favorables para ello". Es decir, que tanto los ayuntamientos, a través de los planes municipales de vivienda, como la Junta, que redacta los autonómicos, están obligados a planificar la oferta de VPO en función de la demanda real. En caso de no hacer sus deberes, los ciudadanos podrán ir a los tribunales para reclamar ese derecho.
El anteproyecto buscó más avales. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, reconoció no importarle tanto que la norma se demorara con tal de que se aprobara con el mayor consenso posible. A finales de enero se presentó a los alcaldes, agentes fundamentales a la hora de desarrollar la ley, en el Consejo de Concertación Local. Los regidores aplaudieron el texto y lograron incorporar sus demandas, por ejemplo, la exigencia de estar tres años empadronado en un municipio para poder acceder a un piso protegida y que la Junta cuente con los ayuntamientos en el diseño de los planes autonómicos de vivienda.
Luego, en marzo, fue el Consejo Económico y Social (CES) el que emitió un informe favorable al anteproyecto, que también se debatió con empresarios y sindicatos. Los agentes socioeconómicos criticaron su "excesiva remisión a un desarrollo reglamentario posterior". Ahora el Consultivo insiste en que el derecho a la vivienda "es una aspiración irrenunciable del Estado social", recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
La ley reconoce el derecho a a acceder a un piso a precio asequible a las familias que residan en Andalucía y cuyos ingresos totales no superen los 3.100 euros brutos al mes. No podrán tener otra casa en propiedad y deberán estar inscritos en un registro público de demandantes. Esta es la pieza clave de la norma, ya que dibujará la necesidad real de VPO que tiene un municipio. Los ayuntamientos se encargarán de crear y actualizar este instrumento -con la financiación de la Junta- que no sólo determinará el número de solicitantes, sino que establecerá la cantidad de pisos y sus tipologías.
La Junta mantiene la previsión -realizada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)- de que hacen falta 300.000 VPO en la próxima década para satisfacer la demanda, sobre todo de jóvenes. La ley nace con un objetivo: que nadie tenga que destinar más de un tercio de su sueldo a la compra de un piso protegido y un cuarto en caso de alquiler.
