El Ayuntamiento presentó ayer otro informe sobre el atropello mortal de Hytasa, más enfocado a sellar la paz entre los dos concejales implicados (Movilidad y Urbanismo) que a aclarar. El Gobierno se autoexculpa de todo y acusa a las empresas que contrató de no haberse coordinado para que el semáforo en el que cruzó la víctima estuviera encendido.
La Junta de Gobierno aprobó ayer enviar al juez el tercer y último informe sobre el atropello de la avenida de Hytasa. No para explicar si tuvo cierta responsabilidad en el accidente porque según el Gobierno local "está claro" que no tuvo ninguna. Sino para determinar por qué estaba apagado el semáforo por el que cruzó la víctima. Como el objeto de este informe es distinto al de los dos anteriores (el de Movilidad y el de Urbanismo), no entra en contradicción con ninguno y no resuelve en favor de nadie. De hecho, exime a los dos concejales de la responsabilidad que ellos mismos habían asumido en sus respectivos informes y le carga la culpa exclusivamente a quienes ejecutaban las órdenes municipales: la constructora que reformaba la avenida (Aguilera Nogales y Cía), contratada por Urbanismo, y la empresa encargada de instalar los semáforos (SICE), contratada por Movilidad.
El delegado de Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quiso ayer escenificar la reunificación de las dos áreas enfrentadas públicamente a causa del siniestro. Para ello, sentó a su derecha al concejal de Urbanismo, Emilio Carrillo, y a su izquierda al de Movilidad, Francisco Fernández. Y Celis, en medio de los dos, despachó en diez minutos una polémica que ha durado dos meses, desde que el 28 de mayo fue atropellada en una calle en obras y con un semáforo apagado la funcionaria de Igualdad Chelo González.
"El informe deja claro que no tenemos ninguna responsabilidad en el accidente y ningún concejal tiene que asumir lo ocurrido", dijo. "Con este informe se pone punto final a esta historia". Celis quiere ahora que la juez que instruye el caso Hytasa se olvide de los dos anteriores y sólo tenga en cuenta éste último, "el que acaba con la descoordinación de las distintas áreas del Gobierno". En esta nueva lectura de los hechos, Carrillo y Fernández salen indemnes. Por eso, al ser preguntados, el edil de Urbanismo dijo que se sentía "absolutamente tranquilo y hago mío íntegramente el contenido", y el de Movilidad añadía que el informe recogía "de forma fehaciente muchas de las cosas que ocurrieron". ¿Quién de los dos tenía más razón? "La razón la tiene el Gobierno de la ciudad. En el informe se solucionan las divergencias y los matices", sentenció Celis.
Desgracias. El informe, en ocho páginas, explica que la descoordinación se produjo primero entre las empresas que trabajaban en Hytasa, y eso contagió a las delegaciones municipales que las habían contratado. "La discordancia entre los informes obrantes en el juzgado obedecen a que ambas delegaciones han dado respuesta al problema en base a la información suministrada por las contratistas -Aguilera Nogales y SICE-." "La contradicción entre los informes aportados por Movilidad y por Urbanismo son más aparentes que reales", reza el texto, "ninguno de los dos oculta datos pero, en realidad, ofrecen una visión parcial de los hechos".
Los técnicos creen que "una serie de desgraciadas circunstancias no imputables a persona alguna" provocaron el siniestro. No hay responsabilidad para nadie porque el semáforo estaba bien puesto. El único problema es que llevaba año y medio sin funcionar, pese a las reiteradas advertencias, y esa es la culpa de las empresas: "la falta de acuerdo de sus obligaciones mutuas".
