De la guerra a la paz. El consejero de la Presidencia ha disfrutado del bálsamo del Gobierno de Zapatero y ha cerrado la legislatura con récord de traspasos. Frente a la calma en la relación con Madrid, la incapacidad de llegar a acuerdos con la oposición en Andalucía. La RTVA es la prueba.
Cuarta legislatura como consejero de la Presidencia. Gaspar Zarrías, el escudero más fiel y que más años (14) ha acompañado al presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha enterrado las armas que empuñó contra el Ejecutivo de José María Aznar para disfrutar estos cuatros años de la red protectora del Gobierno amigo. El balance, impulsado por el nuevo Estatuto, es claro. Andalucía ha recibido 27 traspasos de competencias, el Guadalquivir como emblema, y ha enterrado 30 contenciosos. La VII legislatura se cierra con un autogobierno más fuerte y armado que a su comienzo.
Zarrías, como responsable de la coordinación interna del Gobierno y de la conexión de éste con el PSOE y el Parlamento, está en todos los frentes. Su cartera es la que tiene más peso político, fortalecido esta legislatura tras asumir de nuevo la periferia de la administración (los delegados provinciales). Suelto en interpretar el papel de enérgico guerrero, muchos dudaron de que Zarrías pudiera encarnar el talante marca Zapatero para cumplir el reto de Manuel Chaves de prestigiar desde el consenso la mayoría absoluta. En este terreno su balance es menos redondo aunque no hay acuerdo si dos no quieren y el Gobierno andaluz ha dejado muy claro que, para ellos, quien no ha querido pactar es el PP.
Zarrías arrancó la legislatura con el Pacto de Impulso Democrático bajo el brazo. Un paquete de cinco leyes que se negoció en el Parlamento para reforzar la transparencia de la administración y los altos cargos y del que el PP se descolgó en el último minuto reprochando que se habilitaran cesantías y pensiones para los parlamentarios y miembros del Gobierno andaluz.
Fue el primer intento fallido de consenso pero no el único. La ley de la RTVA, que dejará la elección de su director en manos del Parlamento, ha salido de la Cámara en el último minuto después de una tramitación llena de avatares y con el único voto a favor de los socialistas (IU se abstuvo y PA y PP votaron en contra). El Gobierno planteó una primera reforma de la ley de poco calado. Célebre es ya la frase del consejero en la que admitía que no se podía ir a un "desarme unilateral". Mientras, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero negoció y sacó adelante por consenso en Madrid una reforma mucho más ambiciosa de la RTVE que marcó el paso a la andaluza. El Gobierno decidió retirar su ley tras meses estancada en el Parlamento para buscar el consenso con la oposición y presentó un proyecto de más calado. El acuerdo nunca llegó aunque la ley es casi idéntica a la de Madrid.
En el ámbito del ordenamiento audiovisual, Presidencia ha sido también la encargada de poner en marcha el Consejo Audiovisual de Andalucía, que nació lastrado por el bochornoso espectáculo que dieron los partidos peleándose por el reparto de sillones. A partir de ahí, este ente audiovisual -el propio Gobierno lo admite en petit comité- no ha terminado de demostrar su utilidad, atenazado por el pulso interno entre sus miembros y su controvertido presidente, Manuel Ángel Vázquez Medel. El apagón analógico que se producirá en 2010 ha obligado también a regular todo el espectro andaluz de radios y televisiones locales y autonómicas.
